Velasco Espinal, J. A., Calderón Aguirre, A. P., Mondragón Hernández, Y. G., Arredondo Valle, A., Montes Caballero, P. I., Garfias Zetina, E., & Barrón
Martínez, X.
39
e-ISSN 3073-1151 Julio-
Septiembre, 2025 Vol.
2, Núm. 3, 39-61
Revista Científica Multidisciplinar
Artículo de Investigación
Evolución del acceso a servicios de salud en México tras la
eliminación del Seguro Popular
Evolution of Access to Health Services in Mexico After the Elimination of Seguro
Popular
1
Universidad del Valle de Cuernavaca, Morelos, México
2
Universidad Anáhuac Sur, Ciudad de México, México
3
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
4
Tecnológico de Monterrey, Morelos, México
5
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México
6
Universidad del Valle de México, Morelos, México
7
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Recibido: 2025-05-01 / Aceptado: 2025-06-02 / Publicado: 2025-07-01
RESUMEN
El presente artículo documental y estadístico analiza la evolución del acceso a los servicios de salud en México tras la
eliminación del Seguro Popular y su sustitución por modelos como INSABI e IMSS-Bienestar. El estudio incluyó la
aplicación de 74,000 encuestas a personas de diversas edades, regiones y niveles socioeconómicos, con el objetivo de
conocer su percepción sobre afiliación, acceso efectivo, tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos, gasto de
bolsillo y valoración histórica del sistema de salud durante los últimos cinco gobiernos. La metodología combinó
estadística descriptiva y análisis comparativo para interpretar las respuestas y vincularlas con estudios previos y
diagnósticos institucionales. Los resultados muestran que, aunque la mayoría de la población mantiene alguna forma de
afiliación, persisten deficiencias estructurales: más del 50 % no recibe todos los medicamentos recetados, un alto
porcentaje gasta recursos propios para complementar su atención y las calificaciones del sistema han descendido en los
últimos periodos. La discusión relaciona estos hallazgos con evidencia académica e internacional, destacando que la
cobertura formal no garantiza acceso oportuno ni calidad homogénea. Las conclusiones enfatizan la necesidad de una
transformación real, integral y sostenida del sistema de salud, que combine financiamiento suficiente, fortalecimiento del
primer nivel de atención, abastecimiento garantizado y mecanismos de evaluación continua para garantizar un derecho
efectivo y equitativo para toda la población.
Palabras clave: acceso a la salud, gasto de bolsillo, IMSS-Bienestar, INSABI, México, Seguro Popular
ABSTRACT
This documentary and statistical article analyzes the evolution of access to health services in Mexico after the elimination
of Seguro Popularand its replacement by models such as INSABIand IMSS-Bienestar. Thestudy included the application of
74,000 surveys to people of various ages, regions, and socioeconomic levels, aiming to understand their perception of
affiliation, effective access, waiting times, availability of medications, out-of-pocket spending, and historical rating of the
health system during the last five administrations. The methodology combined descriptive statistics and comparative
analysis to interpret the answers and link them with previous studies and institutional diagnoses. The results show that,
although most people maintain some form of affiliation, structural deficiencies persist: more than 50% do not receive all
prescribed medications, a significant proportion spends their own resources to complement their care, and the system’s
ratings have declined in recent administrations. The discussion connects these findings with academic and international
evidence, highlighting that formal coverage does not guarantee timely access or consistent quality. The conclusions
Jorge Angel Velasco Espinal
1
Ana Paula Calderón Aguirre
2
Yazmin Guadalupe Mondragón Hernández
3
Armando Arredondo Valle
4
Perla Itzel Montes Caballero
5
Evelyn Garfias Zetina
6
Ximena Barrón Martínez
7
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Julio-Septiembre, 2025 | vol. 2 | núm. 3 | pág. 39-61
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emphasize the need for a real, comprehensive, and sustained transformation of the health system, combining sufficient
financing, strengthening of primary care, guaranteed supply of medicines, and continuous evaluation mechanisms to
ensure an effective and equitable right to health for the entire population.
keywords: access to health, IMSS-Bienestar, INSABI, Mexico, out-of-pocket spending, Seguro Popular
RESUMO
Este artigo documental e estatístico analisa a evolução do acesso aos serviços de saúde no México após a eliminação do
Seguro Popular e sua substituição por modelos como o INSABI e o IMSS-Bienestar. O estudo incluiu a aplicação de 74.000
questionários a pessoas de diferentes idades, regiões e níveis socioeconômicos, com o objetivo de conhecer sua
percepção sobre afiliação, acesso efetivo, tempos de espera, disponibilidade de medicamentos, gasto do próprio bolso e
avaliação histórica do sistema de saúde durante os últimos cinco governos. A metodologia combinou estatística descritiva
e análise comparativa para interpretar as respostas e vinculá-las a estudos anteriores e diagnósticos institucionais. Os
resultados mostram que, embora a maioria da população mantenha alguma forma de afiliação, persistem deficiências
estruturais: mais de 50% não recebe todos os medicamentos prescritos, uma alta porcentagem utiliza recursos próprios
para complementar seu atendimento, e as avaliações do sistema têm caído nos últimos períodos. A discussão relaciona
esses achados com evidências acadêmicas e internacionais, destacando que a cobertura formal não garante acesso
oportuno nem qualidade homogênea. As conclusões enfatizam a necessidade de uma transformação real, integral e
sustentada do sistema de saúde, que combine financiamento suficiente, fortalecimento do primeiro nível de atenção,
abastecimento garantido e mecanismos de avaliação contínua para assegurar um direito efetivo e equitativo para toda a
população.
palavras-chave: acesso à saúde, gasto do próprio bolso, IMSS-Bienestar, INSABI, México, Seguro Popular
Forma sugerida de citar (APA):
Velasco Espinal, J. A., Calderón Aguirre, A. P., Mondragón Hernández, Y. G., Arredondo Valle, A., Montes Caballero, P. I., Garfias Zetina, E., & Barrón
Martínez, X. (2025). Evolución del acceso a servicios de salud en México tras la eliminación del Seguro Popular. Revista Científica Multidisciplinar
SAGA, 2(3), 39-61
Esta obra está bajo una licencia internacional
INTRODUCCIÓN
En México, el acceso efectivo a los
servicios de salud ha sido históricamente un
retoestructuralasociadoaprofundas
desigualdades socioeconómicas y territoriales
(Laurell, 2013; Huffman & Van Gameren,
2019). La creación del Seguro Popular de
Salud en 2003 constituyó uno de los esfuerzos
más ambiciosos para cerrar la brecha de
acceso para millones de personas sin seguridad
social, garantizando un paquete básico de
servicios y la proteccióncontra gastos
catastróficos (Soberón, 2001; Laurell, 2013).
Durante más de quince años, este programa
funcionó como una red de seguridad para
cerca de 50 millones de mexicanos, con
avances importantes en cobertura y
reducción del gasto de bolsillo (Huffman &
Van Gameren, 2019; Coneval, 2019).
A pesar de sus logros, el Seguro Popular fue
objetodecríticaspordeficiencias
administrativas, subfinanciamiento crónico y
corrupción en la asignación de recursos,
factores que motivaron su eliminación por
parte del gobierno federal en 2020 (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022). La
desaparición de este esquema dio paso al
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI),
con el argumento de garantizar servicios de
saludymedicamentosgratuitossin
restricciones de afiliación ni cuotas (Duque
Molina & Borrayo Sánchez, s.f.; Fundar,
2021). Sin embargo, la transición institucional
no estuvo exenta de tensiones: múltiples
análisis han documentado vacíos legales,
confusión administrativa yresistencias
estatales a la centralización del sistema (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022; Sovilla &
Díaz Sánchez, 2023).
En el contexto de esta reorganización,
estudios recientes y reportajes de prensa han
señalado un aumento preocupante de la
población sin acceso a servicios médicos
formales, revirtiendo avances de décadas en
cobertura sanitaria (El País, 2024; El País,
2025a; El País, 2025b). Datos del Consejo
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Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL, 2019) indican que
el porcentaje de población sin acceso a
servicios de salud pasó de 16.2% en 2018 a
28.2% en 2022, mientras que la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) y la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición(ENSANUT)
reportaron incrementos en
elgasto de bolsillo,
principalmente en medicamentos y consultas
privadas (INEGI, 2018; SSA, 2019).
El análisis académico coincide en que la
eliminacióndelSeguroPopularyla
instauración de INSABI no garantizaron una
transición armónica. Huffman y Van Gameren
(2019) demostraron que, aunque la cobertura
formal se amplió en años previos, la oferta real
de servicios se estancó en muchas regiones.
Por su parte, Sovilla y Díaz Sánchez (2022)
argumentaron que la recentralización del
gasto, sin aumentar la eficiencia operativa,
agudizó problemasde logística y
abastecimiento de insumosmédicos,
exacerbando desigualdades ya existentes. A
nivelde percepción pública, investigaciones de
Fundar (2021) y de diversos centros de
investigación social (CIEP, 2021) han
advertido que la insatisfacción con la calidad
de los servicios y la disponibilidad de
medicamentos se tradujo en una mayor
preferenciapor laatención privada,
presionando el gasto familiar.
Anteestacoyuntura,lapregunta
fundamental que guía este estudio es: ¿cómo
ha evolucionado el acceso a los servicios de
salud en México tras la eliminación del Seguro
Popular y su reemplazo por nuevos modelos
como INSABI eIMSS-Bienestar?Para
responderla, esta investigación adopta un
enfoque documental estadístico que combina
la revisión exhaustiva de informes oficiales,
datos de encuestasnacionales (INEGI,
CONEVAL, SSA, ENSANUT) y literatura
académica relevante, junto con un análisis
empírico basado en una encuesta propia
aplicada a población general.
El marco teórico parte del concepto de
acceso efectivo a la salud, entendido no solo
como la disponibilidad nominal de servicios,
sino como la capacidad real de utilizarlos de
manera oportuna, asequible y de calidad
(Laurell, 2013; Huffman & Van Gameren,
2019). La hipótesis central plantea que la
eliminación del Seguro Popular, sumada a
dificultadesadministrativasyde
financiamiento, ha provocado una disminución
temporal en la cobertura efectiva y un
retroceso en la protección contra gastos de
bolsillo, afectando especialmente a grupos
vulnerables (Sovilla & Díaz Sánchez, 2022;
Fundar, 2021; El País, 2025b).
Metodológicamente, este trabajo articula
un análisisdescriptivodetendenciasen
indicadores clave —población con acceso, tipo
decobertura,frecuencia deconsultas,
disponibilidad de medicamentos y gasto de
bolsillo— y explora correlaciones con
variables sociodemográficas.La encuesta
desarrolladacomplementa este análisis,
capturando percepciones ciudadanas sobre el
acceso y la calidad del servicio durante los
últimos cuatro gobiernos federales, así como la
influencia de programas socialesen la
mitigación de carencias de salud (CIEP, 2021;
Sovilla & Díaz Sánchez, 2022; ElPaís, 2025a).
En suma, la investigación busca aportar
evidenciarobustaparacomprenderlos
impactos inmediatos y las posibles trayectorias
de la política de salud en México tras la
eliminación del Seguro Popular. Sus hallazgos
pretenden servir de insumo para debates
académicos y de política pública orientados a
diseñar esquemas de atención más
equitativos, sostenibles y resilientes frente a
contextos socioeconómicos complejos
(Fundar, 2021; Sovilla&DíazSánchez, 2022;
ElPaís, 2025b).
METODOLOGÍA
El presente estudio se diseñó como una
investigación documental estadística no
experimental,decortetransversaly
enfoque descriptivo-correlacional, con el
propósito de analizar en profundidad la
evolución delacceso a los servicios de salud en
México tras la eliminación del Seguro Popular y
la instauración de nuevos esquemas de
cobertura como INSABI e IMSS-Bienestar
(CIEP, 2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022). Este
enfoque metodológico integra la revisión de
fuentes secundarias, la extracción y análisis de
datos de organismos oficiales y la
aplicación de un instrumento primario de
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recolección de datos de gran escala, lo cual
permite triangulación y validación cruzada de
hallazgos (Laurell, 2013; Fundar, 2021).
Participantes
Los participantes fueron 74,000 personas
mexicanas mayores de 18 años, distribuidas
proporcionalmenteenlas32entidades
federativas,considerando como basela
estructura poblacional reportada por el Censo
de Población y Vivienda (INEGI, 2020) y la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) (INEGI, 2018).
Se definieron criterios de inclusión para
maximizar la representatividad:
-Ser ciudadano mexicano residente en
territorio nacional.
-Tener 18 años o más.
-Estar dispuesto a participar de forma
voluntaria y anónima.
-Contarconcapacidaddelecturay
comprensión para responder preguntas en
idioma español.
Se excluyeron menores de edad, personas
con residencia temporal en México (migrantes
internacionales) y respuestas duplicadas o
incompletas (menos del 80% del cuestionario).
En términos demográficos, la muestra final
logró incluir participantes de todos los rangos
de edad adulta (18 a más de 70 años), con
representación balanceada por sexo (52%
mujeres,47%hombres,1%otro/no
especificado), niveleseducativos que
abarcaron desde primaria incompleta hasta
posgrado, ydiversidad de ocupaciones,
asegurando la inclusión de población urbana y
rural, así como comunidades indígenas, bajo
los lineamientos éticos de inclusión y no
discriminación (Fundar, 2021; Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
El tamaño muestral de 74,000 encuestas
completasotorgarobustezestadística,
permitiendo análisispor subgrupos
poblacionales y comparaciones por entidad
federativa. Se calculó un margen de error de
±0.5% con un nivel de confianza del 99%,
superando losestándareshabitualesen
encuestas de opinión y percepción ciudadana
(CONEVAL, 2019; Huffman & Van Gameren,
2019).
Procedimiento de muestreo
Elmuestreocombinóestrategias
probabilísticas ajustadas porcuotas
poblacionales y métodos no probabilísticos
complementarios (conveniencia, cadena de
referencias y brigadas comunitarias) para
cubrir sectores de difícil acceso o baja
conectividad. Esta combinación maximizó la
diversidadgeográficaysocioeconómica,
reduciendo sesgos de auto-selección (CIEP,
2021).
El levantamiento se llevó a cabo en dos
modalidades:
-Online, mediante un formulario digital
distribuido a través de redes sociales,
correos institucionales y páginas web de
organizaciones colaboradoras.
-Presencial, mediante brigadas itinerantes
enzonasruralesyperiurbanas,en
coordinación con autoridades locales y
centros comunitarios.
El proceso de aplicación se extendió de
febrero a junio de 2025, organizándose en
etapas:planificaciónlogística,piloto,
despliegue masivo y supervisión de calidad de
datos. Para asegurar la validez de los datos, se
implementaron controles como:
-Verificación de IP para evitar respuestas
múltiples en línea.
-Codificación única de cada formulario
físico.
-Auditoría aleatoria de 10% de los registros
por parte de supervisores regionales.
Eldiseñodelmuestreoseajustó
dinámicamente según la tasa de respuesta
semanal para equilibrar la cobertura territorial
ylos grupos demográficos, siguiendo
recomendaciones de la metodología ENIGH y
ENSANUT (INEGI, 2018; SSA, 2019).
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Elinstrumentoprincipalfueun
cuestionario estructurado de 24 ítems,
desarrollado conbase en revisiones de
literatura, documentos oficiales (CONEVAL,
SSA, INEGI) y estándares internacionales de
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encuestas de salud. Se organizó en cinco
bloques:
-Datos sociodemográficos (edad, sexo,
escolaridad,ocupación,estadode
residencia).
-Coberturadeserviciosdesalud
(afiliación actual, afiliación pasada al
Seguro Popular, cambios percibidos).
-Uso y experiencia de servicios(frecuencia
de atención, tipo de servicios usados,
tiempos de espera).
-Acceso a medicamentos y gasto de
bolsillo (entrega oportuna, necesidad de
compras externas, gasto mensual).
-Percepción del sistema de salud a lo
largo de los últimos cuatro gobiernos y
relaciónconprogramas
sociales(evaluación comparativay
sugerencias de mejora).
Se usaron preguntas cerradas (opciones
múltiples y escalas Likert de 5 puntos) y
preguntas abiertas para captar información
cualitativa. La validez de contenido se aseguró
mediante revisión de tres expertos en políticas
de salud y metodología de encuestas. La
confiabilidad se estimó a través de un piloto
con 100 participantes, arrojando un alfa de
Cronbachde0.87,loquerespaldala
consistencia interna del instrumento (Laurell,
2013; Fundar, 2021).
Diseño de investigación
El diseño metodológico se clasificó como no
experimental y transversal, dado que no se
manipuló ninguna variable independiente y la
información se recolectó en un solo
momento temporal(Huffman &Van Gameren,
2019).Estanaturalezadescriptivo-
correlacional permitió:
-Describir patrones de acceso a servicios de
salud antes y después de la eliminación del
Seguro Popular.
-Explorar relaciones entre características
sociodemográficasyvariablesde
cobertura, uso y gasto.
-Comparar percepciones del sistema de
salud entre sexenios federales para inferir
tendencias históricas y cambios percibidos
(CIEP, 2021; Sovilla & Díaz Sánchez,
2022).
Los datos secundarios complementarios se
extrajeron de la ENIGH, la ENSANUT, la DGIS
y reportes especializados como los
publicados por CONEVAL y Fundar. Se
aplicaron técnicas de análisis estadístico
descriptivo (frecuencias, porcentajes, medias)
y se construyeron gráficos de barras y tablas
cruzadas para visualizar resultados clave. Los
hallazgos se interpretaron considerando la
triangulación con literatura y antecedentes
documentales para reforzar la validez externa
y proponer recomendaciones alineadas a
políticas públicas de cobertura universal
efectiva (Laurell, 2013; Fundar, 2021; Sovilla &
Díaz Sánchez, 2022).
RESULTADOS
La presente sección expone de manera
sistemática y objetiva los principales hallazgos
derivados del análisis de la base de datos
conformada por 74,000 encuestas completas,
así como la síntesis de indicadores extraídos de
fuentes secundarias oficiales como la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT) y reportes del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
(CIEP, 2021; Coneval, 2019; SSA, 2019).
El volumen y calidad de la información
recabada permitió elaborar un perfil detallado
de lapoblación participante, así como describir
patrones de cobertura, uso de servicios, acceso
a medicamentos y gasto de bolsillo, a la vez
que capturar percepciones sobre la evolución
del sistema de salud en México desde la
vigencia del Seguro Popular hasta la etapa
actual de implementación de INSABI e IMSS-
Bienestar (Laurell, 2013; Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
Los resultados se presentan agrupados en
cincoapartadostemáticos,cadauno
correspondiente a los bloques estructurales
del cuestionario aplicado:
-Características sociodemográficas de los
participantes, lo que permite
contextualizar la heterogeneidad de la
muestra y su relación con las variables de
interés.
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-Coberturadeserviciosdesalud,
identificando proporciones de afiliación
actual, registros de afiliación previa al
Seguro Popular y transición a esquemas
vigentes.
-Uso y experiencia en la atención médica,
que detalla frecuencia de consultas, tipo de
servicios utilizados y tiempos de espera
reportados.
-Acceso a medicamentos y gasto de
bolsillo, elemento clave para estimar el
impacto financiero que enfrentan los
hogares y el grado de suficiencia del
sistema de provisión de insumos médicos.
-Percepción general del sistema de salud y
evaluacióncomparativadesu
desempeñoen losúltimos cuatro
gobiernos federales, complementada con
la valoración del impacto de los programas
sociales en la mitigación de carencias en
salud.
Cada apartado se acompaña de tablas y
gráficos descriptivos, diseñados para facilitar
la comprensión de las frecuencias relativas y
absolutas, así como la visualización de
tendenciasgenerales.Lainformación
estadística se presenta en forma agregada,
respetando la confidencialidad de los datos
individuales conforme a los principios éticos y
normativos vigentes(Fundar, 2021).En
aquellos casosen que se identificaron
subgrupos de interés, como diferencias por
edad, sexo o región geográfica, se destacan en
notas explicativas o gráficos específicos,
siempre manteniendo un enfoque
estrictamente descriptivo.
Paragarantizarlaclaridadenla
presentación, se utiliza estadística descriptiva
básica: frecuencias absolutas, porcentajes,
medias y medidas de tendencia central cuando
es pertinente (Huffman & Van Gameren,
2019). Los resultados inferenciales y las
interpretacionesmás profundasquedan
reservados para la sección de Discusión, tal
como recomiendanlos lineamientos de
publicacióncientífica (Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
Dado el volumen considerable de datos, los
gráficos principales incluidos en esta sección
representan los hallazgos más relevantes para
respaldar los comentarios y conclusiones
subsecuentes. La información complementaria
y cruces de variables más detallados se
integran en anexos técnicos y bases de datos
disponibles para consulta especializada. Esta
estructura permite que el lector comprenda de
forma organizada la magnitud de los cambios
observados y se prepare para analizar, en la
siguiente sección, las implicaciones teóricas y
prácticas derivadas de estos hallazgos (Laurell,
2013; CIEP, 2021).
En suma, la presentación ordenada de los
resultados busca evidenciar, con sustento
empírico, el estado actual del acceso a
servicios de salud en México en un momento
de profunda reconfiguración institucional,
sirviendo como punto de partida para el
análisiscríticoylaformulaciónde
recomendaciones de política pública que se
abordarán posteriormente en este trabajo.
Gráfico 1. Distribución de la población mexicana según acceso a servicios de salud pública
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Uno de los principales objetivos de esta
investigación fue dimensionar con precisión el
estado actual de la cobertura sanitaria en
México tras la eliminación del Seguro Popular y
la transición a nuevos esquemas de
aseguramiento y atención como INSABI y,
posteriormente, IMSS-Bienestar. La Gráfica 1
sintetiza la distribución de la población
encuestada —un total de 74,000 personas—
con base en su condición de afiliación a
servicios de salud pública al momento de
participar en el estudio.
Losresultadosindicanque57,000
participantes,equivalente al 77.03 %,
afirmaron tener actualmente algún tipo de
derecho de acceso o afiliación a instituciones
de salud pública, ya sea a través del IMSS,
ISSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios Estatales de
Salud (SSA) u otros mecanismos de
protección social vigentes. En contraste,
17,000 personas, lo que representa el 22.97 %,
reportaron carecer de cualquier forma de
cobertura o derecho de acceso a servicios
médicos gratuitos (véase Gráfica 1).
Estehallazgoresultaespecialmente
significativo a la luz de la evolución histórica
del sistema de salud mexicano. Diversos
estudios señalan que, durante la operación del
Seguro Popular, la tasa de población sin
afiliación formal se redujo gradualmente,
consolidándose alrededor de un 15 % antes de
su desaparición (CONEVAL, 2019; Laurell,
2013). La cifra actual de casi una cuarta parte
de la población sin cobertura refleja, por tanto,
unareversiónparcialde esosavances,
atribuible a múltiples factores, como la
reciente reorganización administrativa,
dificultades logísticas para la integración de
padrones y deficiencias en la comunicación
institucional para garantizar la incorporación
universal (Sovilla & Díaz Sánchez, 2022;
Fundar, 2021).
El impacto de este dato trasciende la
dimensiónmeramenteestadística,pues
evidencia un riesgo tangible para la protección
financiera de miles de hogares mexicanos. La
literatura coincide en que la ausencia de
coberturapública obliga a las familias a costear
servicios médicos privados, con frecuencia
mediante recursospropios,préstamoso
endeudamiento informal, lo que incrementa la
probabilidad de incurrir en gasto catastrófico
en salud (Huffman & Van Gameren, 2019;
CIEP, 2021). Este fenómeno, además de
profundizarlavulnerabilidadeconómica,
limitala oportunidaddel diagnóstico,
interrumpe tratamientos de
enfermedades crónicas y eleva el
riesgo de complicaciones prevenibles.
Por otra parte, el alto porcentaje de
afiliación reportado por el 77 % restante
constituye, a su vez, un indicador del alcance
logrado por las instituciones de seguridad
social y los servicios estatales de salud,
especialmente en zonas urbanas y entre
trabajadores formales. Sin embargo, la sola
existencia de afiliación no garantiza un acceso
efectivo y oportuno a servicios de calidad,
razón por la cual el análisis posterior de
variablescomofrecuenciadeconsultas,
tiempos deesperay suministrode
medicamentos complementa y matiza la
interpretación de este dato.
Desde un enfoque de equidad en salud, la
persistencia de un núcleo de población no
afiliada plantea preguntas sobre la efectividad
de los programas sociales y la capacidad del
sistema para captar y atender a sectores
tradicionalmenteexcluidos:
trabajadores informales,
jornaleros agrícolas, migrantes internosy
familiasque residenen
comunidades rurales dispersas o zonas de
difícil acceso (Fundar, 2021; Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
En términos de diseño de políticas públicas,
la información reflejada en la Gráfica 1 sugiere
quecualquierreformaorientadaala
universalización de la atención médica en
Méxicodeberá contemplarestrategias
específicas de captación, simplificación de
trámites de incorporación y fortalecimiento de
la infraestructurade primernivel,
especialmente en regiones de alta
marginación. Asimismo, subraya la necesidad
de fortalecer la articulación entre los
programas de apoyo social y laoferta de
servicios de salud, para que el acceso efectivo
no dependa de la capacidad de pago de cada
familia.
Finalmente,esteprimerindicador
estadístico establece una base sólida para
interpretar, en los apartados siguientes, cómo
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se manifiestan en la práctica las diferencias
entre población con y sin afiliación, a través de
la experiencia de uso de servicios, la calidad
percibida de la atención, la disponibilidad de
medicamentos y el impacto económico directo
en el hogar.
Gráfico 2. Población que reporta haber estado afiliada al Seguro Popular antes de 2020
La segunda variable clave que se presenta
corresponde a la proporción de la población
encuestada que manifestó haber estado
afiliada al extinto Seguro Popular antes de
su eliminación oficial en 2020. Este dato
resulta indispensablepara
dimensionarcuántas
personas dependían de este esquema como
único mecanismo de protección social en salud
y para valorar el impacto potencial que su
eliminación generó en la cobertura efectiva y la
continuidad de la atención médica (Laurell,
2013; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
De acuerdo con los resultados obtenidos de
la encuesta aplicada a 74,000 personas,
23,000 participantes (31.08 %) confirmaron
haber estado inscritos en el Seguro Popular en
algún momento antes de su desaparición,
mientras que 51,000 personas (68.92 %)
señalaron que nunca estuvieron afiliados a
este programa (véase Gráfica 2).
Estos datos confirman que, a pesar de su
amplia difusión, el Seguro Popular no llegó a
cubrir a la mayoría absoluta de la población
durante sus años de operación. Sin embargo, el
31 % de usuarios que sí dependían de él
representaunsegmentoconsiderablede
población, generalmenteperteneciente a
gruposde bajosingresos,
trabajadores informales o
habitantes de zonas rurales y
periurbanasconlimitadainfraestructura
hospitalaria (Fundar, 2021; Coneval, 2019).
La desaparición de este esquema sin una
transición planeaday sólida paraabsorber a sus
afiliados en programas sucesores ha sido
señalada en la literatura como uno de los
factores que contribuyeron al repunte en la
proporción de personas sin cobertura, hallazgo
consistente con lo mostrado en la Gráfica 1 y
reforzado en esta segunda medición (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
La evidencia recopilada en esta pregunta
permite, además, inferir la magnitud del
desafío administrativo que representó migrar
o registrar nuevamentea millones de personas
en sistemas estatales, INSABI y ahora IMSS-
Bienestar. La población previamente afiliada al
Seguro Popular tiende a concentrarse en
sectores con menor acceso a información
digital y con barreras para realizar trámites de
incorporación, lo que explica parcialmente la
persistenciadebrechasdecobertura
observadas en los resultados globales del
presente estudio (Laurell, 2013; Huffman &
Van Gameren, 2019).
Asimismo, la proporción de personas que
no estuvieron inscritas en el Seguro Popular
(68.92 %) destaca la coexistencia de otros
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esquemas de protección social previos (IMSS,
ISSSTE)ylaexistenciadeunsector
históricamente excluido que, incluso durantela
vigencia del programa, no se incorporó, lo que
refuerza la idea de que la sola existencia de
esquemas nominales no garantiza cobertura
universal de facto (Fundar, 2021).
En conclusión, la Gráfica 2 revela el peso
relativodelapoblaciónhistóricamente
cubierta por el Seguro Popular y plantea
preguntas críticas sobre la efectividad de los
mecanismosactualespara garantizarla
continuidad de atención y la permanencia en
sistemas formales de protección social, temas
que se abordan en las gráficas siguientes de
este estudio.
Gráfico 3. Percepción ciudadana sobre el impacto del nuevo modelo IMSS-Bienestar en el acceso a
servicios médicos
La Gráfica 3 muestra la distribución de
opiniones de la población encuestada respecto
a si el actual modelo de atención IMSS-
Bienestar, implementado tras la eliminación
delSeguro Popular y latransición por INSABI, ha
mejorado de forma tangible su acceso a
servicios médicos. Este indicador permite
medir de manera directa la aceptación social
del nuevo esquema y la percepción de su
efectividad (CIEP, 2021; Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
Los resultados, obtenidos de la base de
74,000 respuestas, revelan una tendencia
crítica:42,000personas(56.76 %)
manifestaron que el nuevo sistema no ha
mejorado su acceso a servicios médicos;
22,000 personas (29.73 %) consideraron que el
acceso “no ha cambiado” en comparación con
la etapa del Seguro Popular; mientras que
apenas 9,000 personas (12.16 %) opinaron que
sí ha habido una mejora perceptible (véase
Gráfica 3).
Estos resultados coinciden con análisis
independientes que advierten que
lasustitución delSeguroPopular
porINSABIy posteriormente
por IMSS-Bienestar no se ha traducido en una
ampliación sustantiva de la infraestructura, ni
en la mejora inmediata de la capacidad
resolutiva de las unidades de primer nivel de
atención (Fundar, 2021; Laurell, 2013). En
la práctica, la recentralización
administrativa y la falta de una ruta de
implementación clara generaron
discontinuidadesen el abasto de
medicamentos, incertidumbre sobre la
gratuidad real de los servicios y dudas respecto
a la homologación de la atención entre estados
(Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
El hecho de que más de la mitad de la
población encuestada perciba que el nuevo
sistema no ha mejorado el accesoes un
hallazgo significativo para la discusión de
resultados. Esto implica que, a pesar de la
narrativa oficial orientada a universalizar la
atenciónygarantizarcoberturasin
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restricciones, la experiencia de los usuarios
refleja persistencia de barreras logísticas,
saturación de consultas y tiempos de espera
prolongados,problemáticasque
históricamente ya se habían identificado
durante la vigencia del Seguro Popular
(Huffman & Van Gameren, 2019).
Por otro lado, la proporción de personas
que reporta que la situación “no ha cambiado”
(casi el30 %)evidencia
unapercepciónde continuidad en la
calidad y oportunidad de los servicios, lo cual
puede interpretarse como un estancamiento
de la capacidad de respuesta del sistema, más
que una mejora estructural. Es decir,la
población no percibe una transformación
sustancial en términos de acceso real, a
pesar de los ajustes normativos y
presupuestales anunciados (CIEP, 2021).
La minoría —un 12.16 %— que afirma
haber experimentado mejoras sugiere que
ciertos grupos o regiones sí se han beneficiado
delareorganizacióninstitucional,
posiblementeen zonas con ampliación reciente
de infraestructura, reforzamiento de personal
o aplicación deprogramas específicosde
atención prioritaria.No obstante, este
porcentaje relativamente bajo subraya la
necesidad depolíticasfocalizadas para
equilibrar las desigualdades regionales.
En conjunto, la información visualizada en
la Gráfica 3 contribuye a entender la brecha
entre la cobertura nominal y la percepción de
acceso efectivo. Este insumo resulta clave
para el análisis de consistencia entre políticas
de coberturauniversaly
resultadosenla experiencia de
los usuarios, que se
profundizará en la discusión posterior.
Gráfico 4. Percepción de la población sobre el impacto de IMSS-Bienestar en la mejora del acceso a
servicios médicos
La Gráfica 4 sintetiza la opinión de la
población encuestada sobre si el esquema
IMSS-Bienestar, instaurado como parte de la
reforma para sustituir al extinto Seguro
Popular, ha contribuido a mejorar de manera
tangible el acceso de las personas a servicios
médicos públicos en México. Este indicador es
especialmente relevante porque contrasta la
cobertura formal con la percepción ciudadana
sobre su efectividad práctica (CIEP, 2021;
Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
De acuerdo con los resultados obtenidos de
74,000 encuestas, 42,000 personas (56.76 %)
respondieron que consideran que no se ha
producido una mejora en su acceso a servicios
médicos con la entrada en operación de IMSS-
Bienestar. Por otro lado, 22,000 personas
(29.73 %) manifestaron que su situación no ha
cambiado respecto a la etapa anterior,
mientras que únicamente 9,000 personas
(12.16 %) afirmaron percibir una mejora
significativa (véase Gráfica 4).
Este patrón de respuestas revela una
percepciónciudadana
predominantemente crítica o
almenos escéptica respectoal impacto real del
nuevo esquema en la vida cotidiana de
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los usuarios. El hecho de que más de la mitad
de la población considere que no ha habido
mejoras apunta a la persistencia de barreras
estructuralescomotiemposdeespera
prolongados, disponibilidad limitadade
médicosespecialistas ydesabastode
medicamentos, situaciones que
históricamente también fueron señaladas
como deficiencias delSeguro Popular
(Huffman &Van Gameren, 2019; Fundar,
2021).
El 29.73 % de encuestados que percibe que
la situación no ha cambiado refuerza la
hipótesis de que, en muchas regiones, la
transición administrativa no se tradujo en
cambios perceptibles en la experiencia de
atención, evidenciando que la recentralización
del gasto y la reingeniería institucional
requieren acompañarse de mejoras
sustantivas eninfraestructura,
recursoshumanosy
abastecimiento de insumos (Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
Por su parte, el porcentaje minoritario
(12.16 %) que reporta una mejora sugiere que
existen zonas o grupos poblacionales donde se
ha fortalecido la provisión de servicios,
probablementecomoresultadode
intervenciones específicas oinversión
focalizada en unidades médicas. Sin embargo,
este avance aún resulta insuficiente para
modificar la percepción generalizada de
estancamiento o retroceso en elacceso
efectivo a servicios de salud (CIEP, 2021).
La información representada en la Gráfica 4
resulta fundamental para contextualizar los
hallazgos posteriores de esta investigación,
que examinan la frecuencia de uso de los
servicios, la satisfacción con la atención, la
cobertura de medicamentos y el gasto de
bolsillo.Enconjunto,estosindicadores
permiten valorarsi la políticade
recentralización, operada a través de IMSS-
Bienestar, está lograndotraducirseen
beneficios concretos y perceptibles para la
población mexicana.
Gráfico 5. Preferencia de la población por la reinstauración de un programa similar al Seguro
Popular
La Gráfica 5 presenta la distribución de
respuestas sobre la disposición de la población
a que exista nuevamente un programa de
cobertura social en salud con características
similares a las del extinto Seguro Popular. Este
indicador resulta particularmente relevante
para analizar la memoria colectiva y la
percepción retrospectiva de la población sobre
la funcionalidad y los beneficios de dicho
esquema, así como para valorar la legitimidad
socialdelasreformasposterioresque
condujeron a INSABI y IMSS-Bienestar
(Laurell, 2013; Sovilla& DíazSánchez, 2022).
De acuerdo con la información recolectada
a partir de 74,000 encuestas, 53,000 personas
(71.62 %) manifestaron que les gustaría que
existiera de nuevo un programa de cobertura
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semejante al Seguro Popular. En contraste,
18,000 personas (24.32 %) respondieron que
no consideran necesaria su reinstauración,
mientras que un pequeño porcentaje restante
no emitió respuesta o no especificó una
postura (véase Gráfica 5).
Esteresultadoevidenciaqueuna
proporción amplia de la población mantiene
una valoración relativamente positiva del
modelo de protección social que representaba
elSeguroPopular,especialmente en
comparación con su experiencia actual bajo el
esquema IMSS-Bienestar o la etapa transitoria
del INSABI. Para muchas familias, este
programa simbolizó una vía para garantizar
atención médica básica y protección ante
gastos catastróficos, a pesar de las limitaciones
administrativasy presupuestales que se
documentaron ampliamente en la literatura
(Huffman & Van Gameren, 2019; Fundar,
2021).
La elevada preferencia por recuperar un
esquema similarpone de manifiesto la
percepción de que los modelos
implementados después no han logrado llenar
completamente el vacío funcional y
operativo que dejó su eliminación.La
poblaciónconsultada identifica la
necesidad de contar con un padrón claro de
beneficiarios, reglas de operación
transparentes y un catálogo de servicios
definido y garantizado, elementos que fueron
parte de laestructura básica delSeguro Popular
y que, paramuchosusuarios, otorgaban
certeza de acceso (CIEP, 2021).
El hecho de que casi tres cuartas partes de
los participantes expresen este deseo de
reinstauración también sugiere un posible
punto de partida para el rediseño de políticas
públicas. Este hallazgo refuerza la hipótesis de
que la cobertura universal, para ser efectiva y
socialmente aceptada, requiere no solo de
asignación presupuestaria y administración
centralizada, sino también de una arquitectura
institucionalclara,conmecanismosde
incorporación y seguimiento que inspiren
confianza y garanticen continuidad (Sovilla &
Díaz Sánchez, 2022).
Por otro lado, el 24.32 % que se opone a la
idea refleja un segmento de la población que
podríapercibir limitaciones o fallos previos del
modelo, o bien confiar en la promesa de
mejoras bajo la estructura actual del IMSS-
Bienestar. Esta diferencia de opiniones será
clave de analizar en la sección de discusión,
correlacionándola con variables como edad,
nivel educativo y grado de satisfacción con los
servicios actuales.
En conjunto, la Gráfica 5 subraya que, más
allá de las cifras de cobertura nominal, la
población valora la estabilidad y la certeza
jurídica de los esquemas de protección social
en salud, y que cualquier reforma o programa
desustitucióndeberáconsiderarestas
percepcionesparalograrlegitimidady
resultados sostenibles.
Gráfico 6. Proporción de hogares beneficiados por programas sociales federales
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La Gráfica 6 ilustra la proporción de la
poblaciónencuestadaquereportóque,
actualmente, ella misma o algún miembro de
su familia recibe apoyo de algún programa
social implementado por el Gobierno Federal.
Esteindicadorresulta relevantepara
comprender el grado de penetración de la
política social asistencial en los hogares
mexicanos y su posible papel como
amortiguadorfrente a las deficiencias
estructurales del sistema de salud pública
(CIEP, 2021; Fundar, 2021).
De acuerdo con los datos obtenidos de
74,000 encuestas, 44,000 personas (59.46 %)
afirmaron que, en su hogar, uno o más
miembros reciben algún tipo deapoyo
económicooenespeciedeprogramas
federales, tales como pensiones para adultos
mayores, becas educativas, apoyos para
personas con discapacidad o transferencias
directas en efectivo. Por su parte, 30,000
personas (40.54 %) indicaron que ni ellas ni sus
familias reciben ningún tipo de apoyo social
gubernamental (véase Gráfica 6).
Este hallazgo muestra que más de la mitad
de los hogares encuestados tienen al menos
un vínculo con la red de programas sociales
federales, lo que confirma la magnitud y
relevancia de la política de transferencias
directas como estrategia de protección social
complementaria a los servicios de salud.
Diversos estudios han argumentado que, en
ausencia de una cobertura sanitaria universal
efectiva,lapoblaciónensituaciónde
vulnerabilidadsueledependerdeestos
programas para cubrir gastos relacionados con
medicamentos, consultasprivadas o
tratamientos médicos no incluidos en la oferta
pública (Huffman & Van Gameren, 2019;
Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
Asimismo, este patrón sugiere que los
apoyos sociales, aunque no sustituyen a un
sistema de salud robusto, funcionan como
mecanismocompensatorioparamitigar
parcialmente los impactos económicos de la
falta de acceso efectivo a servicios de calidad,
especialmente en hogares sin afiliación o con
acceso insuficiente, como se evidenció en las
gráficas previas de esteestudio(Fundar, 2021).
El dato de que 40.54 % de los hogares no
reciben ningún beneficio plantea interrogantes
sobrelafocalización,coberturarealy
suficiencia de la política social actual, así
como la necesidad defortalecer la
coordinación entre los programas de apoyo
económico y las estrategias de garantía de
servicios médicos gratuitos y oportunos (CIEP,
2021). En contextos de crisis o emergencias
sanitarias, la sinergia entre política asistencial y
sistema de salud se vuelve fundamental para
prevenir mayores desigualdades.
En suma, la Gráfica 6 confirma que una
parteimportantedela poblaciónsigue
dependiendo de transferencias monetarias
para complementar carencias estructurales
en el acceso a la salud, lo cual plantea desafíos
para la sostenibilidad fiscal y la eficacia de la
política social como instrumento de equidad.
Gráfico 7. Percepción de la población sobre la contribución de los programas sociales al acceso a
servicios de salud
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La Gráfica 7 presenta la opinión de la
poblaciónencuestadaacercadesilos
programas sociales implementados por el
Gobierno Federal han tenido un impacto
positivo en la mejora de su acceso efectivo a
servicios desalud. Este indicador
complementa la información mostrada en
gráficas previas, al poner en perspectiva la
función de los apoyos económicos como
herramienta indirecta de garantía de derechos
en materia de salud (CIEP, 2021; Fundar,
2021).
De acuerdo con los resultados de
laencuesta realizadaa74,000
personas,54,000
participantes (72.97 %) afirmaron que
consideran que los programas sociales NO han
mejorado su acceso a servicios de salud,
mientras que 15,000 personas (20.27 %)
respondieron que sí perciben una mejora
derivada de estos apoyos. El porcentaje
restante corresponde a no respuestas o casos
sin especificación (véase Gráfica 7).
Este hallazgo revela una brecha importante
entre la función económica de los programas
sociales y su efectividad como mecanismo
complementarioalacoberturasanitaria
formal. A pesar de que más de la mitad de los
hogares mexicanos reciben algún tipo de
apoyo federal (como se muestra en la Gráfica
6), la mayoría de los encuestados no percibe
que estos programas sustituyan o fortalezcan
su acceso directo a consultas, medicamentos y
tratamientosmédicos (Huffman&Van
Gameren, 2019; Sovilla & Díaz Sánchez,
2022).
contribuir a aliviar la pobreza y aumentar la
capacidad de gasto de los hogares, rara vez
suplen la falta de infraestructura de salud de
calidad o la insuficiencia de insumos médicos
en unidades de atención primaria (Fundar,
2021). Este fenómeno se hace más evidente en
zonas rurales o en comunidades marginadas
donde la distancia geográfica y la escasez de
personal sanitario limitan el aprovechamiento
efectivo de cualquier apoyo económico para
obtener servicios médicos oportunos (CIEP,
2021).
La minoría —un 20.27 %— que afirma
haber experimentado una mejora a través de
los programas sociales sugiere que, en ciertos
contextos, estos recursos pueden servir para
cubrir gastos complementarios como
consultas privadas,comprade
medicamentosno disponibles en
unidades públicas o transporte hacia
hospitales de referencia. Sin embargo, este
porcentaje sigue siendo limitado en
comparación con la magnitud de la política
social desplegada en el país (Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
En síntesis, la información contenida en la
Gráfica 7 confirma la necesidad de fortalecer la
articulaciónentrelapolíticade
transferencias directas y el sistema nacional de
salud pública. Mientras no se logre garantizar
la suficiencia, calidad y disponibilidad de los
servicios médicos en todo el territorio, los
programassocialesdifícilmentepodrán
compensar, por sí mismos, la carencia de un
acceso equitativo y efectivo a la atención en
salud.
Diversos estudios destacan que las
transferencias monetarias, si bien pueden
Gráfico 8. Frecuencia de atención médica requerida por la población en el último año
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La Gráfica 8 muestra la distribución de la
población encuestada según el número de
veces que requirió atención médica durante el
últimoaño,constituyendounindicador
fundamental para dimensionar la demanda
real de servicios y la presión que enfrenta la
infraestructura sanitaria en México (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
De acuerdo con los datos recabados de
74,000participantes,13,000personas
(17.57 %) declararon no haber necesitado
atención médica en los últimos 12 meses. Por
otro lado,19,000 personas (25.68 %)
reportaron haber requerido consulta médica
una sola vez; 30,000 personas (40.54 %)
señalaron que necesitaron atención de dos a
tres veces, y 12,000 personas (16.22 %)
indicaron haber acudido a servicios médicos
más de tres veces, con una media aproximada
de cuatro consultas en este último grupo
(véase Gráfica 8).
El hallazgo de que más del 80 % de la
población requirió atención médica al menos
una vez en el último año subraya la necesidad
de contar con un sistema de salud accesible,
eficiente y con cobertura amplia para atender
la demanda recurrente, tanto de patologías
agudas como de enfermedades crónicas y
controles preventivos (Fundar, 2021). Este
datoescoherenteconpatrones
epidemiológicos reportados en la ENSANUT,
que reflejan unperfil poblacionalcon
crecientes necesidades de control y
seguimiento por enfermedadescrónico-
degenerativas como diabetes, hipertensión y
obesidad (Huffman & Van Gameren, 2019).
La concentración de respuestas en el rango
de dos a tres consultas evidencia la existencia
deunademandasostenidadeatención
primaria, lo cual enfatiza la importancia de
fortalecer la capacidad resolutiva de los
centros de salud de primer nivel. Un sistema
de primer contacto robusto es clave para
contener complicaciones, reducirla
sobrecarga hospitalaria y optimizar el uso
de recursos especializados (CIEP, 2021).
Por otra parte, el grupo que reporta más de
tres atenciones en un año refleja a sectores
poblacionales con enfermedades crónicas,
discapacidades o condiciones que requieren
seguimiento médico frecuente, subrayando la
urgencia de garantizar continuidad en la
atención y disponibilidad de medicamentos,
factores que se analizan detalladamente en
otras gráficas de este estudio.
Finalmente, el 17.57 % de encuestados que
norequirióatenciónmédicanodebe
interpretarse necesariamente como un
indicador de buena salud general, ya que
podríaincluir casos deautodiagnóstico,
automedicaciónobarreras de acceso
(económicas, geográficas o administrativas)
que limitan la búsqueda de atención oportuna
(Fundar, 2021).
En conjunto, la Gráfica 8 proporciona
evidencia clave para dimensionar la carga
potencial sobre el sistema de salud y para
planificar políticas públicas que aseguren la
disponibilidaddeserviciosdeatención
primaria,consultas deseguimientoy
mecanismos de referencia eficientes hacia
niveles de mayor complejidad.
Gráfico 9.
Promedio de calificación ciudadana del sistema de salud pública por administración presidencial
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La Gráfica 9 muestra el promedio de
calificación que la población encuestada
asignó al desempeño del sistema de salud
pública durante cada uno de los últimos cinco
periodos presidenciales, desde el sexenio de
Vicente Fox hasta el periodo actual de Claudia
Sheinbaum. Este indicador permite valorar la
percepción histórica de lacalidad y eficacia del
sistema,proporcionandounmarcode
referencia para entender la evolución de la
confianza ciudadana en la gestión de la
atención sanitaria en México (Laurell, 2013;
CIEP, 2021).
Los resultados se obtuvieron a partir de la
base de 74,000 respuestas válidas y se
presentan en una escalade 0 a 10 puntos,
donde 0 representa la calificación más baja
posible y 10 la más alta:
Vicente Fox: promedio de 6.38
Felipe Calderón: promedio de 7.00
Enrique Peña Nieto: promedio de 6.42
Andrés Manuel López Obrador: promedio
de 4.17
Claudia Sheinbaum: promedio de 3.76
(Véase Gráfica 9).
Estos resultados reflejan varias tendencias
relevantes. En primer lugar, se observa que los
sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto obtuvieron los promedios más altos de
calificación, superiores a 6.4 puntos. Durante
estos periodos se consolidó y expandió el
Seguro Popular, esquema que, a pesar de sus
limitaciones,fuepercibidoporamplios
sectores como un mecanismo de ampliación
de cobertura a grupos sin seguridad social
(Huffman & Van Gameren, 2019; Fundar,
2021).
En contraste, las calificaciones disminuyen
drásticamente a partir del periodo de Andrés
Manuel López Obrador, con un promedio de
4.17, y se reducen aún más en la etapa inicial
de Claudia Sheinbaum, con un promedio de
3.76, según la percepción captada en este
estudio. Este descenso refleja la inconformidad
popular respecto a la eliminación del Seguro
Popular, la transición hacia INSABI y,
posteriormente, la implementación de IMSS-
Bienestar,procesosquesehanvisto
acompañados por reportes de desabasto de
medicamentos, tiempos de espera
prolongados y deficiencias operativas en
múltiples regiones del país (Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
La calificación de Vicente Fox, con 6.38
puntos, marca el inicio del periodo en que se
introdujo el Seguro Popular, destacándose
como un punto medio entre los sexenios
posteriores con consolidación del esquema y
los más recientescaracterizados por la
recentralización y la controversia sobre la
calidad de la atención.
Este patrón de calificaciones muestra una
relación estrecha entre las percepciones de la
población y la estabilidad institucional de los
programas de cobertura en salud. La caída
sostenida en las calificaciones en los dos
últimos periodos plantea interrogantes sobre
la efectividaddelarecentralización
administrativa y la capacidad del nuevo
modelopara responder a lademanda
ciudadana de servicios médicos oportunos y
suficientes (CIEP, 2021; Fundar, 2021).
En conjunto, la Gráfica 9 funciona como un
resumen histórico de la opinión pública sobre
la evolución de la política sanitaria en México y
complementa la interpretación de las gráficas
anteriores,destacandolanecesidadde
robustecer la planificación, la transparencia y
la evaluación continua de los modelos de
cobertura y atención.
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Gráfico 10. Experiencia de uso de servicios de salud: tipo de atención, tiempo de espera y gasto
mensual
La Gráfica 10 integra tres dimensiones
clave de la experiencia de uso de los servicios
de salud pública y privada en México: (1) el tipo
de atención médica que la población recibió
con mayor frecuencia; (2) el tiempo que
transcurrió entre la solicitud de la atención y su
recepción efectiva; y (3) el gasto mensual
aproximado que los hogares destinaron a salud
durante el último año. El análisis conjunto de
estos indicadores permite evaluar la eficiencia,
oportunidad y costo económico de la atención,
elementos esenciales para entender la calidad
percibida del sistema sanitario (CIEP, 2021;
Fundar, 2021).
De acuerdo con los resultados de 74,000
encuestas, se observa que 39,000 personas
(52.70 %) señalaron que la consulta general
fue el tipo de atención que más utilizaron,
confirmando la centralidad de los servicios de
primer nivel como puerta de entrada al sistema
de salud. En contraste, 13,000 personas
(17.57 %) reportaron recurrir principalmente a
medicina especializada, mientras que 7,000
personas (9.46 %) indicaron que su atención
más frecuente fue por urgencias. Finalmente,
13,000 personas (17.57 %) afirmaron no haber
recibido ningún tipo de atención en el periodo
evaluado, situación que plantea interrogantes
sobre barreras de acceso y confianza en los
serviciosdisponibles(Huffman&Van
Gameren, 2019).
Elsegundo componente muestraque 39,000
personas (52.70 %) recibieron la atención el
mismo día en que la solicitaron, lo que refleja
un nivel de respuesta adecuado para más de la
mitad de los usuarios. Sin embargo, 7,000
personas (9.46 %) tuvieron que esperar entre
uno y tres días, y 12,000 personas (16.22 %)
señalaron haber esperado más de tres días, lo
cualpuedeafectarlaoportunidaddel
diagnóstico y tratamiento, especialmente en
casos agudos o crónicos descompensados
(Fundar, 2021). De manera preocupante,
12,000 personas (16.22 %) reportaron que
nunca fueron atendidas a pesar de haber
solicitado la atención, evidencia de rezagos en
la capacidad resolutiva y posibles deficiencias
administrativas (Sovilla & Díaz Sánchez,
2022).
Respecto al gasto mensual, los resultados
muestran una distribución heterogénea:
14,000 personas (18.92 %) reportaron gastar
menos de $500 MXN al mes en salud, 22,000
personas (29.73 %) señalaron un gasto entre
$500 y $1,000 MXN, y 25,000 personas
(33.78 %) informaron un gasto superior a
$1,000 MXN mensuales, lo cual refleja la carga
económica significativa que enfrentan
muchos hogares,
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especialmente aquellos sin afiliación o con
acceso limitado a medicamentos gratuitos.
Finalmente,11,000personas(14.86 %)
indicaron que no realizaron ningún gasto, lo
que podría corresponder a individuos con
coberturaintegral, usuariosde servicios
públicos totalmente gratuitos o personas que
no buscaron atención médica (CIEP, 2021).
El análisis integrado de la Gráfica 10
evidencia que, aunque la consulta general
concentra la mayor demanda y más de la mitad
de la población logra recibirla el mismo día,
subsiste un porcentaje importante que
enfrenta tiempos de esperaprolongados o nula
atención.
Este déficit se combina con un gasto mensual
en salud que, en uno de cada tres hogares,
supera los $1,000 MXN, representando un
riesgo financiero para familias con ingresos
bajos o informales (Huffman & Van Gameren,
2019).
Estos hallazgos subrayan la urgencia de
fortalecerelprimerniveldeatención,
garantizar la suficiencia de personal, reducir
los tiempos de espera y asegurar la gratuidad
efectiva de medicamentos e insumos, para
disminuir el gasto de bolsillo y avanzar hacia un
sistema de salud universal, equitativo y
financieramente sostenible.
Gráfico 11. Acceso efectivo a servicios médicos y disponibilidad de medicamentos
La Gráfica 11 presenta la relación entre tres
aspectos clave del acceso efectivo a la atención
médica: (1) la posibilidad de recibir atención
cuando se necesita; (2) la disponibilidad
completa de medicamentos prescritos durante
consultas en instituciones públicas; y (3) la
necesidad de adquirir medicamentos por
cuenta propia debido a la falta de abasto en el
sectorpúblico.Estosindicadoresson
fundamentalesparaevaluarnosolo la
cobertura nominal, sino la calidad real del
servicio y la protección financiera que el
sistema de salud ofrece a la población (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
De las 74,000 personas encuestadas, 47,000
(63.51 %) afirmaron que sí pudieron acceder al
servicio de salud cuando lo necesitaron,
mientras que 25,000 personas (33.78 %)
reportaron no haber logrado recibir atención
en el momento requerido. Este dato refleja
que, aunque la mayoría tiene acceso efectivo
a consultas y tratamientos,
aproximadamente uno de cada tres
ciudadanos experimenta barreras de
disponibilidad de citas, horarios restringidos
osaturacióndeunidades,
especialmente en zonas rurales o altamente
marginadas (Fundar, 2021).
En cuanto al suministro de medicamentos,
los resultados son más críticos: 41,000
personas(55.41 %)indicaronqueno
recibieron todos los medicamentos recetados
durante su última consulta en una unidad de
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salud pública, mientras que solo 28,000
personas(37.84 %)confirmaronhaber
recibido su tratamiento completo sin
necesidad de buscarlo por otras vías. La
insuficiencia de medicamentos en farmacias
hospitalarias es unade las
causasmásseñaladasde
insatisfacción y gasto de bolsillo elevado,
situación agravada en la transición de INSABI a
IMSS-Bienestar (Huffman & Van Gameren,
2019; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
Eltercerdatocomplementaesta
problemática: 44,000personas(59.46 %)
reportaronhabertenidoque comprar
medicamentos por su cuenta, mientras que
28,000 personas (37.84 %) no enfrentaron esta
necesidad. Este hallazgo confirma que la
deficiencia de insumos en el sistema público
traslada la carga financiera a los usuarios,
contraviniendo el principio de gratuidad y
universalidad del acceso a la salud (Fundar,
2021).
Los resultados integrados en la Gráfica 11
demuestran que, aunque la mayoría de la
población logra ingresar al sistema de salud
cuando lo requiere, la falta de medicamentos
dentro de las instituciones públicas obliga a un
alto porcentaje de personas a recurrir a la
compra privada, lo cual incrementa el gasto de
bolsillo y reduce la efectividad de la cobertura
formal (CIEP, 2021). Este fenómeno impacta
especialmente a los grupos de bajos ingresos y
sectoressinseguridadsocialformal,
profundizando desigualdades y aumentando la
probabilidad de interrupción de tratamientos.
Por tanto, esta evidencia enfatizala
necesidadderobustecerlacadena de
suministro de medicamentos, mejorar la
planeación de compras y fortalecerla
fiscalización para garantizar que los usuarios
no solo tengan acceso a consultas, sino
también a los insumos necesarios para una
atención integral y continua.
DISCUSIÓN
Elpresenteanálisisdocumentaly
estadístico revela la complejidad y magnitud
de los retos que enfrenta el sistema de salud
mexicano tras la eliminación del Seguro
Popular y su sustitución por modelos como el
INSABI y, posteriormente, IMSS-Bienestar.
Losresultados,sustentadosen74,000
encuestas, ponen de manifiesto que, a pesar
de los esfuerzos porgarantizar
cobertura universal y gratuidad, la población
aún percibe deficiencias estructurales que
limitan el acceso efectivo, la calidad de los
servicios y la protecciónfinanciera(CIEP,
2021; CONEVAL, 2019; Sovilla & Díaz Sánchez,
2022).
Los datos confirman un patrón
ampliamente discutido en la literatura: la
cobertura nominal no es sinónimo de
cobertura efectiva. Frenk et al. (2006) ya
advertían que los sistemas de salud
requieren no solo expandir la afiliación, sino
mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad
de la atención. En este sentido, los hallazgos
coinciden con lo reportado por Laurell
(2013) y Huffman y Van Gameren (2019),
quienes identificaron que el Seguro Popular,
pese a sus limitaciones, representó para
millones de personas una vía de acceso a
consultas,medicamentosy
tratamientos catastróficos,
mientras que su eliminación abrupta
generóincertidumbrey
discontinuidades de cobertura (Nigenda &
González-Robledo, 2005).
La reciente estrategia de recentralización,
materializada a través de IMSS-Bienestar, no
ha logrado revertir los problemas de desabasto
de medicamentos, largas listas de espera y
escasez de personal en unidades de primer
contacto (Fundar, 2021; Homedes & Ugalde,
2009). El hecho de que más de la mitad de los
encuestados deban cubrir con recursos
propios parte de los medicamentos recetados
confirma lo que Gutiérrez et al. (2012) y
González-Pier et al. (2011) argumentaron:
la falta de financiamiento suficiente y la débil
cadena de suministro perpetúan el gasto de
bolsillo, incrementando la desigualdad en la
atención.
La comparación histórica de la calificación
promedio del sistema de salud en los últimos
cinco sexenios, que muestra un descenso
notorio en las administraciones más recientes,
respalda las preocupaciones expresadas por
Barraza-Lloréns et al. (2002) y Knaul et al.
(2012) sobre la fragilidad institucional cuando
las reformas no cuentan con continuidad,
evaluación y ajustes basados en evidencia.
López-Arellano y Blanco-González (2017)
subrayan que un sistema robusto requiere no
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solo normas y rectoría federal, sino también
autonomía operativa y flexibilidad local para
responder a contextos heterogéneos.
Losresultadosrelacionadosconla
frecuencia de uso de servicios y los tiempos de
espera reafirman lo señalado por Moreno-
Altamirano y Loera (2013): el primer nivel de
atención siguesiendoinsuficiente para
resolver la mayoría de los problemas de salud
de la población, lo que genera saturación en
servicios deurgenciasyespecialidades,
sobrecargando recursos ya limitados. Sosa-
Rubí et al. (2009) refuerzan esta lectura,
mostrando cómo enfermedades crónicas mal
controladas agravan los costos para el sistema
y para los hogares.
A nivel internacional, la OMS (2010) y la OPS
(2017) establecen que la cobertura
universal efectiva solo se alcanza cuando se
combina una financiación pública sólida,
acceso oportuno a servicios de calidad y
mecanismos que eliminen barreras
económicas directas. México, como evidencia
este estudio, aún enfrenta rezagos
importantes en estos tres ejes, ubicándose por
debajo de estándares de países con sistemas
más integrados (OECD, 2020).
Las percepciones sobre la preferencia por
un esquema similar al Seguro Popular,
manifestadas por más del 70 % de la población
encuestada,debenentendersecomoun
llamado de atención a los tomadores de
decisiones. Para la población, contar con un
padrón claro de beneficiarios, reglas de
operación transparentes y un catálogo
explícito deserviciosgeneraba
confianza y previsibilidad (Frenk et
al., 2006; Laurell, 2013).
Reconociendo sus fortalezas, este estudio
también presenta limitaciones inherentes a su
diseño transversal y autoaplicado. Los sesgos
de memoria, la posible deseabilidad social en
respuestas y la falta de datos longitudinales
limitan la inferencia de causalidad directa
(Fundar, 2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022).
Sin embargo, la robustez de la muestra y la
consistencia interna de los datos respaldan la
validez de las tendencias observadas.
De cara al futuro, se vuelve imperativo
retomar la evidencia internacional (OMS,
2010; OPS, 2017; OECD, 2020) y las mejores
prácticas de países con modelos universalistas
y equitativos. México necesita consolidar una
transformación real de su sistema de salud,
que vaya más allá de cambios administrativos y
se enfoque en fortalecer el primer nivel
de atención,garantizarinsumos
suficientes, profesionalizarla
gestión, expandirla cobertura efectiva y
reducir drásticamente el gasto de bolsillo
(Frenk et al., 2006; Barraza-Lloréns et al.,
2002).
Futuros estudios deberían explorarla
heterogeneidad regional, evaluar la
efectividad de la articulación entre programas
sociales y accesoaservicios,y
realizaranálisis cualitativos
para capturar la voz de usuarios, trabajadores
de la salud y gestores locales (Laurell, 2013;
Fundar, 2021).
Ensíntesis,laevidencia
presentada confirmaque la
simpleexistenciade programas y
presupuestos no garantiza el derecho a la
salud.Para alcanzar la universalidad real,
México debe emprender una reforma
profunda, integral y sostenida, orientada a
resolver los problemas estructurales que
han persistido a lo largo de décadas (CIEP,
2021; Sovilla & Díaz Sánchez, 2022). Solo así
podrá responderse de forma efectiva a la
legítima expectativa de millones de personas
que hoy demandan un sistema de salud digno,
accesible y de calidad.
CONCLUSIONES
Elpresenteestudiodocumentaly
estadístico aporta una visión integral y
actualizada sobre la evolución del acceso a los
servicios de salud en México después de la
eliminación del Seguro Popular y durante la
instauración de esquemas como INSABI e
IMSS-Bienestar. Los resultados, basados en
74,000 encuestas, confirman que la cobertura
formal, aunque amplia, no garantiza por sí
misma un acceso efectivo, oportuno y de
calidad, y que persisten rezagos estructurales
que afectan de forma directa a millones de
personas.
Se constató que, a pesar de los esfuerzos de
recentralización y de los anuncios de
gratuidad
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universal, un porcentaje considerable de la
población continúa sin afiliación clara o
enfrenta barreras para recibir atención médica
cuando la necesita. Además, la mayoría de los
usuarios reporta tener que gastar de su propio
bolsillo para adquirir medicamentos que
deberíanserproporcionadosporlas
instituciones públicas.Estoshallazgos
evidencian que la transición entre modelos no
ha logrado resolver de fondo los problemas
históricos de insuficiencia de infraestructura,
carencia de personal médico y deficiencias en
la logística de abasto (CIEP, 2021; Sovilla & Díaz
Sánchez, 2022).
La calificación promedio de la calidad del
sistema de salud, decreciente en los dos
últimos periodos presidenciales, refleja la
insatisfaccióndelapoblaciónfrentea
promesas que en la práctica no se cumplen
plenamente. Este fenómenosubraya la
necesidadde ir másallá de ajustes
administrativos superficiales o cambios de
nombre en los programas: se requiere una
reestructuración profunda, técnicamente
planificada y sostenida en el tiempo, que
ataque de raíz las causas de la desigualdad en
la atención médica (Huffman & Van Gameren,
2019; Fundar, 2021).
Entérminosprácticos,loshallazgos
confirman que la estrategia basada
únicamente en la recentralización y el
financiamiento federal uniforme no ha sido
suficiente para garantizar la equidad
territorial, la calidad homogénea y la
protección financiera efectiva. Es
indispensable replantear el diseño del
sistema de salud hacia un modelo realmente
integral, con rectoría federal clara pero con
autonomía operativa local, redes de servicios
fortalecidas,personalsuficiente ybien
remunerado, abastecimiento garantizado de
insumos y medicamentos, y mecanismos de
evaluación yrendición de cuentas
transparentes (CIEP, 2021; Laurell, 2013).
Este trabajo, además de aportar datos
inéditos, reafirma que México se encuentra
ante una encrucijada histórica: o se limita a
reestructuraciones administrativas parciales
que perpetúan ineficiencias, o se impulsa una
transformación real del sistema de salud, que
parta de un análisis técnico riguroso, escuche a
los usuarios y construya un sistema universal
que funcione en la práctica y no solo en el
papel.
Comotodainvestigacióndecorte
transversal, este estudio presenta limitaciones
relacionadas con la naturaleza autoaplicada de
la encuesta y posibles sesgos de recuerdo o de
deseabilidad social. No obstante, la solidez de
la muestra y la consistencia de los hallazgos
permiten extraer conclusiones robustas que
invitan a reflexionar críticamente sobre la
dirección de la política sanitaria en el país.
Serecomiendaquefuturostrabajos
profundicen en análisis regionales, estudios
cualitativos que recojan experiencias de
grupos vulnerables y evaluaciones
longitudinales que permitan medir de forma
precisa los impactos de las reformas
implementadas. Además, se sugiere explorar
con mayordetallela
interacción entre política social (transferencias
monetarias) y acceso a servicios, para
entender su rol complementario y sus límites.
En síntesis, este estudio deja claro que
Méxiconecesitaavanzarhaciauna
transformación real de su sistema de salud,
orientada a garantizar el acceso efectivo, la
atención digna, la cobertura integral de
medicamentos y la protección financiera para
toda la población, sin distinciones de ingreso,
territorio ocondiciónlaboral.Lograrlo
requiere voluntad política, planeación técnica,
inversión sostenida y, sobre todo, la
participación activa de la sociedad para exigir
un derecho tan fundamental como la salud.
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