578
Revista Científica Multidisciplinar
https://revistasaga.org/
e-ISSN
3073-1151
Octubre-Diciembre
, 2025
Vol.
2
, Núm.
4
,
578-590
https://doi.org/10.63415/saga.v2i4.303
Artículo de Revisión
.
Ejecución de sentencias de la corte constitucional en derechos
humanos: revisión bibliográfica
Enforcement of Constitutional Court Rulings on Human Rights: A Literature
Review
Execução das Sentenças da Corte Constitucional em Direitos Humanos: Revisão
Bibliográfica
Verónica Lucia Llerena Ocaña
1
, Cesar Javier Coronel Benítez
1
,
Christian Alfredo Santana Villamar
1
, Marco Vinicio Alverca Jiménez
1
,
María Andrea Zambrano Delgado
1
, Sergio Omar Vaca Nájera
1
,
Paulo Cesar Sotomayor Padilla
1
1
Centro de Innovación y Desarrollo Profesional (CIDPROS), Milagro, Guayas, Ecuador
Recibido
: 2025-09-25 /
Aceptado
: 2025-11-07 /
Publicado
: 2025-11-30
RESUMEN
Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre la ejecución de sentencias constitucionales en materia de derechos
humanos en América Latina. El principal déficit no radica en la producción de fallos, sino en su materialización efectiva.
Metodológicamente, se realizó una revisión documental cualitativa de literatura académica, normativa y jurisprudencial
publicada entre 2018 y 2025, consultando Scopus, SciELO, Redalyc, Dialnet y repositorios institucionales. Los hallazgos
muestran demoras estructurales, resistencias políticas y ausencia de métricas de seguimiento, lo que erosiona la tutela
judicial efectiva y perpetúa vulneraciones. Se identifican experiencias positivas: audiencias concentradas de ejecución,
adopción de indicadores de estructura
–
proceso
–
resultado, tableros públicos de cumplimiento, expansión del control de
convencionalidad a todas las autoridades y vías ejecutivas para exigir reparación integral. El caso ecuatoriano refleja la
problemática regional: normas robustas conviven con cuellos de botella organizacionales y coordinación interinstitucional
insuficiente. Se proponen reformas para la fase ejecutiva (plazos perentorios, facultades coercitivas, matrices de
responsables y transparencia), así como investigación empírica sobre tasas reales de cumplimiento por materia y
evaluación del impacto de las medidas de no repetición. Se concluye que institucionalizar métricas verificables y
mecanismos de supervisión activa es condición para transformar decisiones judiciales en resultados tangibles y garantizar
la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Palabras clave:
ejecución de sentencias; derechos humanos; tutela judicial efectiva; control de convencionalidad;
indicadores de cumplimiento; América Latina
ABSTRACT
This article presents a bibliographic review on the enforcement of constitutional court rulings regarding human rights in
Latin America. The central challenge does not lie in issuing judgments but in ensuring their effective implementation.
Methodologically, the study employed a qualitative and descriptive documentary design, analyzing academic, normative,
and jurisprudential literature published between 2018 and 2025 across Scopus, SciELO, Redalyc, Dialnet, and
institutional repositories. Findings reveal persistent structural delays, political resistance, and the absence of monitoring
indicators, all of which weaken judicial protection and perpetuate rights violations. Nevertheless, positive practices were
identified, such as the use of concentrated execution hearings, performance indicators (structure
–
process
–
outcome),
public compliance dashboards, and the broad adoption of conventionality control across all state authorities. The
Ecuadorian case reflects the regional problem, where solid legal frameworks coexist with administrative inefficiencies
and limited inter-institutional coordination. The study recommends implementing reforms to strengthen the enforcement
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
579
phase
—
such as coercive powers, peremptory deadlines, and accountability matrices
—
and promoting empirical research
on compliance rates and the impact of non-repetition measures. The article concludes that institutionalizing measurable
indicators and active supervision mechanisms is essential to translate judicial decisions into tangible outcomes and to
ensure the effective protection of human rights.
keywords
: enforcement of rulings; human rights; effective judicial protection; conventionality control; compliance
indicators; Latin America
RESUMO
Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a execução de sentenças constitucionais em matéria de direitos
humanos na América Latina. O principal déficit não reside na produção das decisões, mas na sua efetiva materialização.
Metodologicamente, realizou-se uma revisão documental qualitativa de literatura acadêmica, normativa e jurisprudencial
publicada entre 2018 e 2025, consultando Scopus, SciELO, Redalyc, Dialnet e repositórios institucionais. Os achados
evidenciam atrasos estruturais, resistências políticas e ausência de métricas de acompanhamento, o que compromete a
tutela jurisdicional efetiva e perpetua violações. Identificam-se experiências positivas: audiências concentradas de
execução, adoção de indicadores de estrutura
–
processo
–
resultado, painéis públicos de cumprimento, expansão do
controle de convencionalidade a todas as autoridades e vias executivas para exigir reparação integral. O caso equatoriano
reflete a problemática regional: normas robustas coexistem com gargalos organizacionais e coordenação interinstitucional
insuficiente. Propõem-se reformas para a fase executiva (prazos peremptórios, faculdades coercitivas, matrizes de
responsáveis e transparência), bem como pesquisas empíricas sobre taxas reais de cumprimento por matéria e avaliação
do impacto das medidas de não repetição. Conclui-se que institucionalizar métricas verificáveis e mecanismos de
supervisão ativa é condição para transformar decisões judiciais em resultados tangíveis e garantir a efetiva vigência dos
direitos humanos.
palavras-chave
: execução de sentenças; direitos humanos; tutela jurisdicional efetiva; controle de convencionalidade;
indicadores de cumprimento; América Latina
Forma sugerida de citar (APA):
Llerena Ocaña, V. L., Coronel Benítez, C. J., Santana Villamar, C. A., Alverca Jiménez, M. V., Zambrano Delgado, M. A., Vaca Nájera, S. O., &
Sotomayor Padilla, P. C. (2025). Ejecución de sentencias de la corte constitucional en derechos humanos: revisión bibliográfica. Revista Científica
Multidisciplinar SAGA, 2(4), 578-590.
https://doi.org/10.63415/saga.v2i4.303
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons de Atribución No Comercial 4.0
INTRODUCCIÓN
La ejecución de sentencias de la Corte
Constitucional se constituye en un pilar
esencial del Estado constitucional de derechos,
pues garantiza que las decisiones adoptadas
por el máximo intérprete de la Constitución no
se reduzcan a declaraciones simbólicas, sino
que tengan un impacto real en la vida de las
personas (Ojeda, 2022). En el ámbito de los
derechos humanos, este tema adquiere especial
relevancia, ya que su incumplimiento puede
significar la perpetuación de vulneraciones y la
ineficacia de los mecanismos de tutela judicial
(Quinde, 2024). La revisión de la literatura en
América Latina muestra que, aunque existen
avances importantes en materia de
reconocimiento de derechos y en la creación de
órganos especializados, todavía persiste un
déficit de efectividad cuando se trata de
trasladar los fallos constitucionales a la
práctica cotidiana de las instituciones estatales
y de la sociedad en general (Cachimuel y
Molina, 2023).
La ejecución de las sentencias de la Corte
Constitucional enfrenta como principal
obstáculo la distancia entre el reconocimiento
formal de los derechos y su materialización
efectiva en la práctica institucional. La
Constitución de la República del Ecuador
(2008), en sus artículos 11 numeral 9 y 436,
establece que las decisiones de la Corte son de
obligatorio cumplimiento y que ninguna
autoridad puede desconocerlas; sin embargo,
la realidad evidencia frecuentes dilaciones y
resistencias. El Código Orgánico de la Función
Judicial (2009) en su artículo 21 obliga a acatar
los fallos judiciales, mientras que la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
580
Control Constitucional (2009) en su artículo 22
ordena su ejecución inmediata, aunque muchas
entidades públicas incumplen. Esta situación
genera que las personas, aun con
pronunciamientos favorables, continúen
padeciendo vulneraciones, produciendo una
percepción de impunidad y debilitando la
legitimidad del sistema constitucional de
justicia.
Analizar la ejecución de las sentencias de la
Corte Constitucional en materia de derechos
humanos resulta necesario porque permite
evidenciar las falencias del sistema y proponer
alternativas de mejora en el plano normativo,
institucional y social. Una revisión
bibliográfica exhaustiva permite identificar
experiencias comparadas que pueden servir
como referencia para la región
latinoamericana, destacando tanto los avances
logrados en algunos países como las barreras
persistentes en otros. Este tipo de estudios
resulta útil no solo para el campo académico,
sino también para los operadores de justicia,
legisladores y organizaciones sociales que
buscan incidir en la garantía de los derechos.
En este sentido, la investigación aporta
elementos para comprender cómo se articula el
mandato constitucional con la práctica judicial
y política, generando un insumo valioso para el
fortalecimiento del Estado de derecho.
La importancia de este trabajo radica en que
la ejecución de las sentencias constitucionales
constituye un indicador directo de la
efectividad de la justicia y del respeto a los
derechos fundamentales. El análisis permite
visibilizar que no basta con que la Corte
Constitucional emita fallos progresistas o
protectores de derechos; es indispensable que
estos se cumplan de manera oportuna y
adecuada para que la justicia sea tangible. Por
ello, el objetivo central de esta revisión
bibliográfica es examinar los avances,
limitaciones y propuestas sobre la ejecución de
las decisiones de la Corte Constitucional en
América Latina, con énfasis en su impacto en
la vigencia de los derechos humanos. A su vez,
se plantean como objetivos específicos
identificar las principales dificultades
institucionales que limitan la ejecución,
sistematizar buenas prácticas en la materia y
señalar posibles líneas de acción para mejorar
la eficacia de los mecanismos de
cumplimiento.
En concordancia con estos objetivos, la
investigación busca dar respuesta a las
siguientes preguntas:
-
¿Cuáles son las principales dificultades
institucionales que limitan la ejecución de
las sentencias constitucionales en materia
de derechos humanos en América Latina?
-
¿Qué experiencias comparadas evidencian
avances en el cumplimiento efectivo de los
fallos de las Cortes Constitucionales?
-
¿Qué propuestas normativas e
institucionales se han formulado para
fortalecer la eficacia de los mecanismos de
ejecución y garantizar la vigencia de los
derechos humanos?
Ejecución de sentencias de la Corte
Constitucional
La Corte Constitucional, como órgano de
control de la supremacía constitucional, emite
decisiones con carácter vinculante y
obligatorio para todas las instituciones y
autoridades. La Constitución de la República
del Ecuador (2008) establece en su artículo 11,
numeral 9, que el más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados, mientras que el artículo
436 reconoce a la Corte como el máximo
intérprete constitucional, cuyas decisiones
tienen fuerza obligatoria. De manera
complementaria, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC (2009), art. 22) dispone la ejecución
inmediata de las sentencias, y el Código
Orgánico de la Función Judicial (2009) (art.
21) impone a todas las autoridades el deber de
acatar los fallos judiciales.
No obstante, la literatura especializada
advierte que la eficacia de estas disposiciones
depende de la existencia de mecanismos claros
de seguimiento y control. En numerosos casos,
las resoluciones permanecen sin cumplir
debido a la ausencia de instancias encargadas
de vigilar su aplicación, lo que genera un vacío
entre el plano normativo y el práctico. Esta
problemática ha sido reconocida por la Corte
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
581
Interamericana de Derechos Humanos, que en
el c
aso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”
(2001) sostuvo que la ejecución de sentencias
forma parte integral del derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en el artículo 25
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, 1978). Más recientemente,
la Corte Constitucional del Ecuador, en la
sentencia 6-22-AN/23, reiteró que el
incumplimiento de fallos constituye una
vulneración constitucional y genera
responsabilidad internacional del Estado
(Corte Constitucional del Ecuador, 2023).
Por otra parte, en varios países
latinoamericanos se han identificado
experiencias positivas en las que la ejecución
de sentencias ha tenido un efecto
transformador en políticas públicas y prácticas
estatales (Peñaherrera, 2022). Casos
vinculados al acceso a la salud, la educación o
la reparación de comunidades vulneradas
muestran que, cuando existe coordinación
interinstitucional y presión social, es posible
garantizar un cumplimiento real (Mera et al.,
2025). Estas experiencias demuestran que la
ejecución no es únicamente un asunto técnico,
sino también político y social, en el que
intervienen actores como la sociedad civil,
organismos internacionales y medios de
comunicación (Caballero y Mojica, 2021).
Garantía de los Derechos Humanos
La ejecución de sentencias constitucionales
representa la vía más efectiva para que los
derechos humanos reconocidos formalmente
en las constituciones y tratados internacionales
se conviertan en realidades palpables para los
ciudadanos (Betancourt y Romero, 2021;
López, 2021). Sin este componente, los
derechos se mantienen en el plano declarativo
y carecen de la fuerza necesaria para
transformar la vida de las personas (Pinto,
2022). En este sentido, la ejecución se concibe
como una extensión de la garantía
jurisdiccional, ya que asegura que el amparo,
la acción de inconstitucionalidad u otros
mecanismos de tutela tengan un efecto práctico
y no meramente simbólico (Vélez, 2022).
Asimismo, la jurisprudencia ha demostrado
que cuando se logra materializar las sentencias
constitucionales, se generan cambios
estructurales en las instituciones y en la forma
en que los Estados conciben la protección de
los derechos humanos (Bruzón y Rivero,
2023). El cumplimiento de estos fallos no solo
beneficia a las víctimas directas, sino que
también produce un efecto preventivo y
expansivo, en tanto sienta precedentes que
obligan a las autoridades a evitar futuras
violaciones (Mendoza et al., 2025). De esta
manera, la ejecución se convierte en una
herramienta de transformación social y en un
indicador clave del grado de compromiso de
los Estados con el respeto a los derechos
humanos, consolidando la confianza
ciudadana en la justicia y fortaleciendo el
tejido democrático (Arévalo y Rousset, 2023).
METODOLOGÍA
La presente investigación se enmarca en un
diseño cualitativo, de tipo descriptivo y
documental, basado en una revisión
bibliográfica de literatura académica,
normativa y jurisprudencial sobre la ejecución
de sentencias de las Cortes Constitucionales en
materia de derechos humanos en América
Latina. Se utilizó como estrategia principal la
búsqueda, recopilación, sistematización y
análisis crítico de fuentes secundarias, con el
fin de identificar los avances, limitaciones y
propuestas que han surgido en torno al
cumplimiento efectivo de las decisiones
constitucionales.
Estrategia de búsqueda
La revisión se llevó a cabo en bases de datos
académicas internacionales como Scopus,
Scielo, Redalyc y Dialnet, además de
repositorios institucionales de Cortes
Constitucionales y organismos internacionales
(Corte IDH, ONU, CIDH). Se consideraron
también artículos publicados en revistas
indexadas en el periodo comprendido entre
2018 y 2025, a fin de incorporar los aportes
más recientes en el debate jurídico y político.
Criterios de inclusión
Se incluyeron documentos que cumplieran
con las siguientes condiciones:
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
582
-
Artículos científicos, libros, capítulos,
informes y jurisprudencia que aborden la
ejecución de sentencias constitucionales
vinculadas a derechos humanos.
-
Estudios comparados en América Latina
que analicen mecanismos de cumplimiento
y control.
-
Publicaciones en español e inglés.
-
Documentos con acceso completo al
contenido, que permitan un análisis
exhaustivo.
Criterios de exclusión
Se excluyeron:
-
Publicaciones que traten de la ejecución de
sentencias en materias no relacionadas con
derechos humanos (por ejemplo, casos
tributarios, comerciales o administrativos
sin vínculo directo con garantías
fundamentales).
-
Documentos de opinión sin respaldo
académico o jurisprudencial.
-
Fuentes duplicadas o de carácter
meramente divulgativo sin sustento
metodológico.
Proceso de análisis
El análisis se realizó en tres fases:
-
Identificación y selección de documentos
según los criterios establecidos.
-
Revisión y codificación temática,
agrupando las fuentes en categorías como:
marco normativo, obstáculos de
cumplimiento, experiencias comparadas y
propuestas de mejora.
-
Síntesis crítica y comparativa, destacando
coincidencias, divergencias y vacíos en la
literatura, con especial atención al caso
ecuatoriano y su relación con experiencias
regionales.
De esta manera, la metodología aplicada
permitió garantizar un abordaje riguroso y
sistemático del objeto de estudio, aportando
una visión integral sobre la ejecución de
sentencias de las Cortes Constitucionales en
derechos humanos y sus implicaciones para la
efectividad del Estado de derecho.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la presente
revisión bibliográfica permiten sistematizar de
manera ordenada la producción académica
relacionada con la ejecución de sentencias
constitucionales en materia de derechos
humanos en América Latina. A partir de la
búsqueda y análisis de las fuentes
seleccionadas, se identificaron las bases de
datos de mayor recurrencia, la evolución
temporal de las publicaciones y las tendencias
temáticas predominantes. Esta sistematización
evidencia no solo el crecimiento del interés
académico en los últimos años, sino también
los principales obstáculos, avances y
propuestas en torno al cumplimiento de los
fallos constitucionales. Con ello, se ofrece un
panorama integral que facilita comprender el
estado actual del debate y sus implicaciones
para la garantía de los derechos humanos.
Figura 1.
Tabla de frecuencia de bases de datos consultadas
0
1
2
3
4
5
6
Año 2021Año 2022Año 2023Año 2024Año 2025
1
1
2
6
1
Nº de artículos
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
583
La distribución evidencia que la mayoría de
los artículos incluidos en la revisión provienen
de Scopus (36,4 %), lo que confirma la
presencia de publicaciones en revistas de alto
impacto y visibilidad internacional. Le sigue
Dialnet con tres artículos (27,2 %), reflejando
su relevancia como repositorio de literatura
jurídica y humanística en el ámbito
iberoamericano. Scielo y Redalyc, cada una
con dos artículos (18,2 %), aportan fuentes
regionales consolidadas en ciencias sociales y
jurídicas. Esta diversidad de bases de datos
garantiza un panorama equilibrado entre
fuentes internacionales y regionales,
fortaleciendo la validez de la revisión
bibliográfica.
Figura 2.
Distribución de artículos por año
La producción académica sobre ejecución
de sentencias en derechos humanos muestra
una clara tendencia ascendente, alcanzando su
punto más alto en 2024, con seis artículos (54,5
%). Los años 2021 y 2022 presentan un inicio
tímido, con un solo artículo cada uno, mientras
que en 2023 se duplicó la producción,
evidenciando un interés progresivo en la
temática. La presencia de un artículo en 2025
confirma la vigencia y continuidad del debate
académico, proyectando que el tema se
mantendrá como una línea activa de
investigación en el corto plazo.
Dificultades institucionales que limitan la
ejecución de sentencias constitucionales en
materia de derechos humanos en América
Latina
Los estudios revisados coinciden en señalar
que la principal dificultad institucional es la
falta de voluntad política y la escasa prioridad
otorgada por los Estados al cumplimiento de
los fallos constitucionales e interamericanos.
En el contexto de la pandemia de Covid-19,
por ejemplo, Perú y Ecuador no adoptaron
medidas específicas para garantizar la
ejecución de sentencias de la Corte IDH, lo que
generó retrasos significativos y vulneraciones
adicionales al acceso a la justicia (Tapia,
2021). Esta situación se enmarca en un patrón
regional de incumplimiento estructural.
Otra dificultad ampliamente documentada
es la carencia de metodologías e indicadores
para evaluar la ejecución. La Corte IDH
enfrenta un volumen elevado de casos en etapa
de supervisión frente a un número reducido de
archivos por cumplimiento, lo que evidencia
un “embudo” institucional y la necesidad de
contar con indicadores de estructura, proceso y
resultado para medir los avances (Huertas et
al., 2022).
Asimismo, diversos autores destacan la
resistencia estatal y el backlash como
estrategias para debilitar la autoridad de la
Corte. Casos como las recusaciones masivas de
jueces, la denuncia de tratados o la omisión
deliberada de informes muestran cómo varios
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
ScopusScieloRedalycDialnet
4
2
2
3
Artículos por año
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
584
gobiernos buscan desacreditar al tribunal y
retrasar la ejecución de las decisiones (Arévalo
y Rousset, 2023). Estas conductas erosionan el
principio de supremacía constitucional y
afectan directamente a las víctimas.
En el plano interno, la ineficiencia de los
sistemas procesales nacionales constituye un
cuello de botella. En Perú, pese a los avances
introducidos con la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, la fase de ejecución sigue mostrando
dilaciones y falta de coerción efectiva, lo que
limita la tutela judicial efectiva (Espinoza,
2023). A ello se suman los déficits legislativos
y normativos, como la expedición de leyes
inconstitucionales que generan daños
antijurídicos y nuevas responsabilidades
estatales, debilitando el sistema de protección
de derechos (Serna, 2024).
Factores como la restricción indebida del
control de convencionalidad en México
(Morales y Preciado, 2024) y el uso excesivo
de la prisión preventiva en la región,
equiparable a una “sentencia anticipada”,
constituyen obstáculos adicionales que reflejan
deficiencias estructurales y prácticas contrarias
a los estándares interamericanos (Rivera et al.,
2025).
Avances y experiencias comparadas en el
cumplimiento efectivo de los fallos de las
Cortes Constitucionales
Aunque las dificultades son evidentes, la
literatura también documenta experiencias
comparadas positivas que demuestran que el
cumplimiento efectivo es posible cuando
existe coordinación institucional y presión
social. En Perú, el Tribunal Constitucional ha
incorporado la figura del estado de cosas
inconstitucional, adoptada de la jurisprudencia
colombiana, para atender violaciones
estructurales y ordenar medidas de amplio
alcance en áreas como educación, pensiones y
hacinamiento carcelario (Ponce, 2024). Este
recurso se ha consolidado como una
herramienta que fortalece la eficacia de los
fallos constitucionales y promueve soluciones
integrales.
Asimismo, en Ecuador, Argentina y Perú se
observa la tendencia a concebir un derecho a la
tutela ejecutiva de las sentencias de la Corte
IDH, lo que implica que las víctimas tengan
mecanismos jurisdiccionales claros para exigir
el cumplimiento integral de reparaciones
individuales y colectivas (Milanta, 2024).
Estas experiencias muestran un avance hacia la
consolidación de estándares convencionales de
efectividad.
Por otra parte, la expansión del control de
convencionalidad a todas las autoridades del
Estado, promovida por la Corte IDH,
representa una práctica fundamental para
garantizar la plena ejecución de las sentencias.
Aunque algunos tribunales nacionales, como la
SCJN en México, han limitado este control al
poder judicial, en otros contextos se ha
reconocido que legisladores y autoridades
administrativas también tienen la obligación de
velar por la compatibilidad normativa con la
CADH (Morales y Preciado, 2024).
Estas experiencias comparadas evidencian
que, cuando se adoptan herramientas como el
diálogo judicial regional, la acción de tutela
ejecutiva y el control amplio de
convencionalidad, los fallos constitucionales
pueden trascender el plano declarativo y
generar transformaciones estructurales en la
protección de derechos humanos.
Propuestas normativas e institucionales
para fortalecer la eficacia de los
mecanismos de ejecución y garantizar la
vigencia de los derechos humanos
La literatura consultada ofrece diversas
propuestas para superar las dificultades
identificadas. Una de las más relevantes es la
creación de mecanismos jurisdiccionales
específicos, como la acción de tutela ejecutiva
y la acción de tutela ejecutiva provisional, que
permitan a las víctimas exigir directamente el
cumplimiento de las sentencias en un plazo
razonable (Milanta, 2024). Estas acciones se
conciben como un complemento indispensable
del derecho a la tutela judicial efectiva y
buscan consolidar un estándar regional de
exigibilidad.
En el plano normativo, se plantea la
necesidad de reformas procesales que
fortalezcan la fase de ejecución. En Perú, por
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
585
ejemplo, se ha propuesto la implementación de
una Audiencia Única de Ejecución, que
concentre actos procesales, reduzca dilaciones
y dote a los jueces de mayores facultades
coercitivas (Espinoza, 2023). De igual manera,
la doctrina sobre responsabilidad del legislador
en Colombia refuerza la importancia de
establecer medidas de no repetición y control
estricto en la producción normativa para evitar
nuevas vulneraciones (Serna, 2024).
Otra línea de propuestas apunta al
fortalecimiento de la supervisión
internacional. Se sugiere que la Corte IDH y la
OEA adopten programas masivos de
reparación por país, con indicadores de
estructura, proceso y resultados, para evaluar
la efectividad del cumplimiento (Huertas et al.,
2022). Esto permitiría mayor transparencia,
sistematicidad y rendición de cuentas en la
etapa de supervisión.
Finalmente, se resalta la necesidad de
fortalecer el control de convencionalidad como
una obligación transversal de todas las
autoridades estatales y de promover
alternativas a la prisión preventiva como
medida cautelar excepcional (Rivera et al.,
2025), de manera que se garantice la vigencia
real de los derechos humanos en la práctica
institucional.
Tabla 1
Grupos de hallazgos similares
Grupo
Estudios
Hallazgo común
Déficit de cumplimiento
Tapia (2021); Huertas
(2022); Espinoza (2023);
Milanta (2024)
La ejecución es el eslabón débil: demoras, baja
tasa de archivo por cumplimiento, falta de
mecanismos eficaces.
Métrica y gestión del
cumplimiento
Huertas (2022); Milanta
(2024)
Pasar de describir a
medir/gestionar
: indicadores
(estructura
–
proceso
–
resultado), teoría del cambio
y vías ejecutivas.
Tutela judicial efectiva
=
ejecución
Espinoza (2023); Milanta
(2024); Ponce (2024)
La ejecución integra el contenido esencial del art.
25 CADH y del derecho interno.
Convencionalidad como
llave de cumplimiento
Morales & Preciado
(2024); Milanta (2024);
Ovalle (2024)
Control de convencionalidad (amplio) obliga a
alinear norma/acto interno con CADH y fallos
IDH.
Resistencia/backlash estatal
Arévalo & Rousset
(2023); Tapia (2021)
Resistencias: dilaciones, recusaciones,
desconocimiento; afectan autoridad y eficacia de
sentencias.
Herramientas internas
efectivas
Ponce (2024); Ovalle
(2024)
Estado de cosas inconstitucional y amparo como
vías para ejecutar decisiones estructurales.
En los seis grupos de hallazgos
identificados se observa una marcada
convergencia teórica y empírica respecto al
déficit de cumplimiento en la ejecución de
sentencias vinculadas a derechos humanos. La
mayoría de los autores entre ellos Tapia
(2021), Huertas (2022), Espinoza (2023) y
Milanta (2024) coinciden en que la ejecución
constituye el eslabón más débil del sistema
judicial y del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, debido a la ausencia de
mecanismos eficaces, demoras prolongadas y
escasa voluntad política para implementar las
decisiones. En esta misma línea, Huertas
(2022) y Milanta (2024) proponen superar la
descripción pasiva del problema y avanzar
hacia una gestión basada en indicadores que
permitan medir de forma sistemática los
avances, rezagos y efectos reales del
cumplimiento de las resoluciones. Este grupo
de autores pone de manifiesto la necesidad de
que la ejecución sea entendida como una fase
activa de la tutela judicial efectiva, en la cual
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
586
se materializan los derechos reconocidos
judicialmente.
Asimismo, otros estudios, como los de
Morales y Preciado (2024), Ovalle (2024) y
Ponce (2024), aportan perspectivas
complementarias al resaltar el control de
convencionalidad y las herramientas
procesales internas como el amparo o el estado
de cosas inconstitucional como vías esenciales
para garantizar la ejecución de sentencias. Por
su parte, Arévalo y Rousset (2023), junto con
Tapia (2021), introducen el análisis del
backlash o resistencia estatal como obstáculo
político y jurídico que debilita la autoridad
judicial internacional. En conjunto, los grupos
analizados reflejan un consenso amplio: la
efectividad del sistema de justicia en derechos
humanos depende no solo de la emisión de
sentencias, sino también de su cumplimiento
integral, oportuno y verificable, lo que exige el
fortalecimiento de los mecanismos nacionales
e internacionales de supervisión y control.
Tabla 2
Estudios que matizan o aportan enfoque diferente
Estudio
¿Qué lo hace distinto?
Cómo se conecta igual con el tema
Asimbaya et al.
(2024)
Enfoca
procedimiento abreviado
y
control constitucional en Ecuador.
Asegurar garantías procesales es condición
para ejecutar y legitimar decisiones.
Rivera et al.
(2025)
Se centra en
prisión preventiva
(medida
cautelar) y su abuso regional.
Refuerza estándares interamericanos que luego
condicionan ejecución y reparación.
Arévalo &
Rousset (2023)
Tipifica
backlash
y licitud/ilicitud de
reacciones estatales.
Explica por qué se frena la ejecución y qué
respuestas judiciales mitigan el daño.
Los estudios con enfoques diferenciados
complementan la revisión al ampliar el alcance
temático y metodológico del debate sobre la
ejecución de sentencias. Asimbaya et al.
(2024) centran su análisis en el procedimiento
especial abreviado dentro del contexto
ecuatoriano, resaltando la necesidad de
garantizar el debido proceso y la presunción de
inocencia como condiciones esenciales para la
legitimidad de las decisiones judiciales.
Aunque no aborda directamente la ejecución
de sentencias internacionales, su aporte se
relaciona con la protección de los derechos
fundamentales y con el fortalecimiento del
control constitucional en las etapas procesales
previas a la ejecución. De forma
complementaria, Rivera et al. (2025) examinan
la prisión preventiva y su uso excesivo en
América Latina, revelando cómo las medidas
cautelares desproporcionadas generan
vulneraciones sistemáticas a los derechos
humanos y condicionan la efectividad de las
reparaciones ordenadas posteriormente por los
tribunales nacionales o internacionales.
Por otro lado, el trabajo de Arévalo y
Rousset (2023) ofrece una visión analítica más
crítica al clasificar las reacciones de los
Estados frente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos según su licitud o ilicitud,
aportando una comprensión más profunda de
los factores políticos que dificultan la
ejecución. Esta perspectiva resulta valiosa para
entender que los problemas de cumplimiento
no derivan únicamente de limitaciones
normativas o técnicas, sino también de
resistencias institucionales y tensiones entre
soberanía y obligaciones internacionales. En
conjunto, los estudios con matices particulares
amplían el panorama del tema al integrar
dimensiones procesales, preventivas y
políticas, demostrando que la efectividad de las
sentencias en materia de derechos humanos
requiere una respuesta integral que combine
reformas jurídicas, cultura de cumplimiento y
cooperación entre poderes del Estado.
DISCUSIÓN
El análisis bibliográfico evidencia una
tendencia generalizada en América Latina
hacia el reconocimiento formal de los derechos
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
587
humanos, pero con un cumplimiento deficiente
en la fase de ejecución de las sentencias
constitucionales. Tal como señalan Huertas et
al. (2022), la falta de mecanismos de
seguimiento y de indicadores de gestión genera
un “embudo institucional” que impide evaluar
de forma sistemática el grado de cumplimiento
de las decisiones. Este hallazgo coincide con
los resultados de la presente revisión, que
identifican una ausencia de métricas de
estructura, proceso y resultado para medir la
eficacia de las resoluciones de las Cortes
Constitucionales. Ambas perspectivas
refuerzan la idea de que el problema no radica
únicamente en la emisión de fallos, sino en la
falta de instrumentos técnicos que garanticen
su cumplimiento efectivo.
En sintonía con ello, Mera et al. (2025),
documentan que la ejecución parcial o tardía
de las decisiones judiciales en casos de
vulneración de derechos sociales
particularmente en materia de salud, educación
y empleo mantiene la sensación de impunidad
y reduce la credibilidad institucional. Estos
resultados son congruentes con la evidencia
recogida en esta revisión, donde se observa que
la demora en la implementación de las
sentencias constitucionales perpetúa
situaciones de vulnerabilidad y obstaculiza la
reparación integral de las víctimas. En ambos
casos, la solución propuesta pasa por fortalecer
la coordinación interinstitucional y establecer
mecanismos de supervisión con participación
ciudadana.
Por su parte, Cachimuel y Molina (2023)
sostienen que la ejecución de las sentencias
constituye la fase culminante de la tutela
judicial efectiva, pues sin su cumplimiento
material los derechos reconocidos permanecen
en un plano meramente declarativo. Este
planteamiento guarda relación directa con los
hallazgos de la presente revisión, que destacan
la necesidad de consolidar una “cultura de
cumplimient
o” dentro del sistema judicial y
administrativo. El análisis de estos autores
refuerza que la ejecución no es un aspecto
accesorio del proceso, sino un componente
esencial de la justicia constitucional.
En el caso ecuatoriano, Quinde (2024),
enfatiza que la politización de la justicia, la
burocratización de los procesos y la falta de
coherencia en los criterios de interpretación
judicial son factores que limitan la eficacia de
las decisiones constitucionales. Estos
elementos también fueron identificados en los
resultados, especialmente en lo relativo a la
resistencia institucional y la falta de voluntad
política para ejecutar las sentencias que
implican cambios estructurales. La
comparación demuestra que los obstáculos a la
ejecución trascienden el ámbito normativo y
responden, en gran medida, a problemas de
gestión pública y a la debilidad del Estado de
derecho.
Finalmente, Peñaherrera (2022), aporta una
reflexión complementaria al relacionar el
incumplimiento de sentencias con la
persistencia de prácticas judiciales contrarias a
los estándares interamericanos, como el uso
abusivo de la prisión preventiva. Este enfoque
coincide con la observación de que la
inobservancia de los fallos genera un efecto
multiplicador de las violaciones a los derechos
humanos, profundizando la desconfianza
social en las instituciones. De ahí la
importancia de asumir la ejecución de las
sentencias no solo como una obligación
jurídica, sino como un deber ético y político
que garantiza la efectividad de las garantías
constitucionales.
En conjunto, las coincidencias entre los
estudios revisados y los hallazgos obtenidos
muestran un consenso regional: la efectividad
del sistema constitucional depende
directamente de la capacidad de los Estados
para ejecutar sus decisiones judiciales. La
ausencia de mecanismos coercitivos, la falta de
indicadores y la debilidad institucional
continúan siendo los principales desafíos. Sin
embargo, la comparación también revela
experiencias positivas y propuestas de mejora,
como la adopción de indicadores de
cumplimiento, la creación de audiencias de
ejecución y el fortalecimiento del control de
convencionalidad, que pueden servir de guía
para consolidar la justicia constitucional y la
vigencia real de los derechos humanos en
América Latina.
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
588
CONCLUSIÓN
La revisión confirma que el mayor déficit en
materia de justicia constitucional en América
Latina no radica en la producción de
sentencias, sino en su ejecución efectiva. La
brecha entre el reconocimiento formal de
derechos y su materialización se explica por
demoras estructurales, escasa voluntad
política, debilidades en la coordinación
interinstitucional y ausencia de métricas de
seguimiento. Este cuadro genera efectos
acumulativos: perpetúa la vulnerabilidad de las
víctimas, erosiona la legitimidad del sistema y
desincentiva la litigación estratégica. La
ejecución debe entenderse como parte
indisociable de la tutela judicial efectiva; sin
ella, los avances jurisprudenciales permanecen
en el plano declarativo.
El examen comparado muestra que existen
buenas prácticas capaces de revertir la inercia
de incumplimiento: audiencias concentradas
de ejecución, diseño de indicadores de
estructura
–
proceso
–
resultado, tableros
públicos de cumplimiento, y mecanismos
jurisdiccionales específicos (p. ej., vías
ejecutivas). Asimismo, la adopción amplia del
control de convencionalidad por todas las
autoridades del Estado y el uso excepcional de
medidas cautelares restrictivas de derechos
crean un entorno más favorable para la
materialización de las decisiones. Cuando
estas herramientas se combinan con presión
social informada y una coordinación estatal
clara, los fallos logran efectos transformadores
en políticas públicas.
Así mismo, el caso ecuatoriano refleja en
miniatura la problemática regional: normas
robustas y sentencias relevantes coexisten con
cuellos de botella organizacionales y de
gestión. Para cerrar la brecha, resultan
prioritarias reformas que fortalezcan la fase de
ejecución: establecimiento de plazos
perentorios, facultades coercitivas
proporcionales para el juez ejecutor, matriz de
responsables (RACI) por institución, y
reportes periódicos verificables. La
transparencia a través de paneles públicos y
participación de veedurías funciona como
incentivo y mecanismo de rendición de
cuentas, disminuyendo la discrecionalidad y
las resistencias burocráticas.
Este estudio deja dos líneas de proyección.
En el plano normativo-institucional, conviene
consolidar la tutela ejecutiva, institucionalizar
indicadores comparables entre países y
fortalecer la supervisión internacional con
metas y cronogramas verificables. En el plano
académico y de política pública, se requiere
investigación empírica sobre tasas reales de
cumplimiento por materia (salud, educación,
pueblos y nacionalidades, sistema
penitenciario), evaluación de impacto de las
medidas de no repetición y análisis de costos
del incumplimiento. Avanzar en estas
direcciones permitiría traducir el mandato
constitucional en resultados tangibles y
medibles, reafirmando la centralidad de la
ejecución como garantía última de los
derechos humanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arévalo, W., & Rousset, A. (2023). Resistencia y
retroceso (backlash) contra las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos: Estudio de 11 casos de
reacciones de los Estados a la autoridad del
tribunal y la recusación de jueces en el caso
“Bedoya Lima”.
ACDI-Anuario
Colombiano de Derecho Internacional, 16,
1
–
40.
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/
acdi/article/download/12687/11357
Asimbaya, E., Gil, B., & Ribadeneira, C. (2024).
Procedimiento especial abreviado a la luz
de la Corte Constitucional del Ecuador.
Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de
Ciencias Jurídicas y Criminalísticas,
9(17), 50
–
69.
https://doi.org/10.35381/racji.v9i17.3956
Betancourt, E. J., & Romero, C. D. (2021).
Interpretación de las normas
constitucionales ecuatorianas como
garantía a los derechos humanos. Sociedad
& Tecnología, 4(S2), 482
–
499.
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.p
hp/societec/article/download/165/453
Bruzón, C. J., & Rivero, D. M. (2023).
Interpretación judicial y garantía de los
derechos: El valor de la uniformidad.
Derecho global. Estudios sobre derecho y
justicia, 8(23), 225
–
243.
https://doi.org/10.32870/dgedj.v8i23.566
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
589
Caballero, H., & Mojica, M. (2021). El derecho a
la salud, el litigio y el aporte de la Corte
Constitucional colombiana: una revisión
sistemática de literatura. Interface-
Comunicação, Saúde, Educação, 25,
e200331.
https://doi.org/10.1590/interface.200331
Cachimuel, J. G., & Molina, W. (2023). La
aplicación de la tutela judicial efectiva en
el proceso de ejecución de sentencias de
garantías jurisdiccionales en Ecuador. 593
Digital Publisher CEIT, 8(2), 36
–
51.
https://doi.org/10.33386/593dp.2023.2-
1.1666
CADH. (1978). Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Conven
ción_Americana_sobre_Derechos_Human
os.pdf
Código Orgánico de la Función Judicial. (2009).
https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstre
am/37000/3363/3/C%C3%B3digo%20Or
g%C3%A1nico%20de%20la%20Funci%
C3%B3n%20Judicial%2c%20COFJ.%20
ACTUALIZADO....pdf
Constitución de la República del Ecuador. (2008).
https://www.defensa.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2021/02/Cons
titucion-de-la-Republica-del-
Ecuador_act_ene-2021.pdf
Corte Constitucional del Ecuador. (2023,
septiembre 27). Sentencia No. 6-22-AN/23
(Ponente: Ximena Alejandra Cárdenas
Reyes).
https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/st
orage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE
6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidhNzk2
ZTQzZC1hYzQxLTQ0YzktYjZlZS1lMG
U4OTM5NTkxNGYucGRmJ30%3D?utm
_source=chatgpt.com
Espinoza, C. L. (2023). Derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y derecho a la
ejecución de sentencias firmes en la Ley n.
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Revista de Derecho Procesal del Trabajo,
6(7), 229
–
259.
https://doi.org/10.47308/rdpt.v6i7.767
Huertas, O., Manrique, F., & Hernández, M.
(2022). Metodología para medir y evaluar
el cumplimiento e impacto de sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Iusta, 56, 189
–
213.
https://doi.org/10.15332/25005286
LOGJCC. (2009). Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesici
c4_ecu_org2.pdf
López, D. F. (2021). Las políticas públicas como
garantía de los derechos fundamentales.
Sociedad & Tecnología, 4(1), 44
–
60.
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.p
hp/societec/article/download/113/311
Mendoza, A., Guadamud, J., Ulloa, C., & Medina,
R. (2025). Construcción de paz y garantía
de derechos humanos en Latinoamérica.
Revisión sistemática. Noesis. Revista
Electrónica de Investigación, 71(14), 657
–
676.
https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i14.42
9
Mera, I. A., Veintimilla, J. V., & Martínez, O.
(2025). Eficacia de la acción de protección
ante discriminación laboral a trabajadores
sustitutos: análisis de ejecución de
sentencias constitucionales en Ecuador.
Visionario Digital, 9(3), 21
–
42.
https://doi.org/10.33262/visionariodigital.
v9i3.3425
Milanta, S. R. (2024). Nuevos horizontes en el
cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevos horizontes del derecho
constitucional, 5, 56
–
67.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo
/9997729.pdf
Morales, J., & Preciado, G. (2024). El control de
convencionalidad y su expansión como
una garantía efectiva de los derechos
humanos. Revista de la Facultad de
Derecho de México, 74(e), 331
–
346.
https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2
024.e.88733
Ojeda, J. B. (2022). La fase de ejecución en
sentencias y dictámenes emitidos por la
Corte Constitucional del Ecuador. Polo del
Conocimiento, 7(9), 1610
–
1629.
https://doi.org/10.23857/pc.v7i9
Ovalle, J. (2024). Funciones procesales,
procedimientos y objeto del amparo.
Revista de la Facultad de Derecho de
México, 74(288), 143
–
174.
https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2
024.288.88261
Peñaherrera, R. F. (2022). La prisión preventiva,
aplicabilidad y ejecución en el marco
jurídico a partir de la sentencia N 8-20-
CN/21 de la corte constitucional. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar,
6(2), 2063
–
2084.
https://ciencialatina.org/index.php/ciencial
a/article/download/2010/2898
SAGA Rev. Cienc. Multidiscip. | e-ISSN 3073-1151 | Octubre-Diciembre, 2025 | vol. 2 | núm. 4 | pág. 578-590
590
Pinto, A. V. (2022). El rol de la educación superior
en la garantía de los derechos de las
personas privadas de libertad en Ecuador.
Revista UNIANDES Episteme, 9(1), 69
–
85.
https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.p
hp/EPISTEME/article/download/2519/30
96
Ponce, G. (2024). El uso de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional de Colombia por el
Tribunal Constitucional peruano: ¿Hacia el
diálogo judicial? Revista Derecho del
Estado, 58, 29
–
60.
https://doi.org/10.18601/01229893.n58.02
Quinde, L. E. (2024). Ejecución de sentencias en el
marco de la tutela judicial efectiva en
Ecuador: Desafíos y oportunidades.
Revista Andina de Investigaciones en
Ciencias Jurídicas, 1, 173
–
192.
https://doi.org/10.69633/1ha56a86
Rivera, L., Coronado, R., & Piérola, V. D. (2025).
Prisión preventiva y afectación de
derechos fundamentales: Una mirada a la
literatura Latinoamericana. Revista
InveCom, 5(1), 9.
https://ve.scielo.org/pdf/ric/v5n1/2739-
0063-ric-5-01-e501071.pdf
Serna, M. M. (2024). Responsabilidad por el hecho
del legislador con ocasión de la expedición
de leyes declaradas inexequibles. Revista
Digital de Derecho Administrativo, 31,
207
–
235.
https://doi.org/10.18601/21452946.n31.09
Tapia, J. C. (2021). El acceso a la justicia y
cumplimiento de sentencias emitidas por la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos a raíz del Covid-19. Polo del
Conocimiento: Revista científico-
profesional, 6(3), 1707
–
1725.
https://doi.org/10.23857/pc.v6i3.2466
Vélez, L. M. (2022). La boleta de auxilio como
garantía de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia. Ciencia Latina
Revista Científica Multidisciplinar, 6(2),
1830
–
1854.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.1997
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
DERECHOS DE AUTOR
Llerena Ocaña, V. L., Coronel Benítez, C. J., Santana Villamar, C. A., Alverca Jiménez, M. V.,
Zambrano Delgado, M. A., Vaca Nájera, S. O., & Sotomayor Padilla, P. C. (2025)
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo la licencia Creative Commons de Atribución No
Comercial 4.0, que permite su uso sin restricciones, su distribución y reproducción por cualquier
medio, siempre que no se haga con fines comerciales y el trabajo original sea fielmente citado.
El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones contenidas en esta publicación es de
exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento de la revista.