La operativización del test de razonabilidad en la restricción de derechos fundamentales en Bolivia (2019–2024): Un análisis comparativo entre la justicia constitucional y la justicia indígena originaria campesina

Resumen

El presente artículo analiza la forma en que se ha implementado el test de razonabilidad para evaluar la restricción de derechos fundamentales en Bolivia, examinando su efectividad en el contexto de la justicia plural. Se aborda comparativamente la aplicación de este test tanto en la justicia constitucional (ordinaria) como en la justicia indígena originaria campesina, a la luz de la doctrina jurídica contemporánea y la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Para ello, se revisan los fundamentos teóricos del test de razonabilidad incluyendo el principio de proporcionalidad desarrollado por Robert Alexy y los postulados garantistas de Luigi Ferrajoli– y su incorporación en la jurisprudencia boliviana posterior a la Constitución de 2009. Asimismo, se examina cómo los operadores de la justicia indígena originaria campesina encaran las limitaciones a derechos en sus prácticas consuetudinarias y cómo el control constitucional plural supervisa dichas decisiones para asegurar el respeto a los derechos fundamentales. El estudio revela que, si bien el test de razonabilidad se ha consolidado como herramienta clave en la justicia constitucional boliviana para prevenir restricciones arbitrarias de derechos, su operativización en la justicia indígena enfrenta desafíos de coordinación intercultural. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha establecido principios claros de equidad, proporcionalidad y razonabilidad para guiar la compatibilidad de la justicia indígena con el marco constitucional de derechos, logrando importantes avances en la protección de derechos en un Estado con diversidad jurídica. Se concluye que la efectividad del test de razonabilidad en la justicia plural boliviana depende de la continua adaptación intercultural de sus criterios y de la cooperación entre jurisdicciones, garantizando tanto la autonomía de los pueblos indígenas como la vigencia uniforme de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.