Afectación de normas y procedimientos propios tras las autonomías en pueblos indígena originario campesinos: Estudio del gobierno Uru Chipaya
DOI:
https://doi.org/10.63415/saga.v2i3.203Palabras clave:
pluralismo jurídico, autonomía indígena, normas y procedimientos propios, Comunidad Indígena Originario Campesino, Uru ChipayaResumen
El artículo analiza cómo la implementación de las autonomías indígenas en Bolivia ha afectado la vigencia de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos, con énfasis en la experiencia del Gobierno Autónomo de Uru Chipaya. Se parte de una metodología cualitativa basada en análisis documental y jurisprudencial, revisando la Constitución (CPE) de 2009, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMA), estatutos autonómicos y fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En el marco teórico se aborda el pluralismo jurídico la coexistencia de sistemas normativos estatales e indígenas y los principios de autonomía indígena contemplados en la CPE (arts. 30 y 190). En los resultados se constata que el Estatuto del GAC Uru Chipaya reconoce explícitamente las normas y procedimientos propios como fundamento del autogobierno. El TCP avaló este estatuto, destacando que la CPE postula un “pluralismo jurídico amplio” y que las normas indígenas “están plenamente reconocidas” con igualdad jerárquica. En la discusión se examinan las tensiones entre esta norma propia y el marco legal nacional, aplicando enfoques de doctrinas internacionales: Alexy enfatiza que los derechos fundamentales funcionan como principios que deben ponderarse, mientras Ferrajoli sostiene un garantismo que protege a los grupos vulnerables. Como conclusiones, se observa que las autonomías indígenas han consolidado constitucionalmente las prácticas normativas ancestrales al incorporarlas en los estatutos (como se ve en Uru Chipaya), aunque siempre sujetas a los límites constitucionales generales (principio de unidad estatal). Este proceso refuerza el pluralismo jurídico impulsado por la CPE, demandando una armonización dinámica entre los ordenamientos indígena y estatal para asegurar los derechos fundamentales de todos.
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Referencias
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