La carga probatoria en el proceso laboral: Evaluación constitucional y obligación del empleador (2019-2024)

Resumen

Este artículo examina la carga probatoria en el proceso laboral boliviano desde una perspectiva constitucional, enfocándose en el deber del empleador de probar el cumplimiento de la normativa laboral, en resguardo de los derechos fundamentales. El análisis abarca el periodo 2019–2024, caracterizado por importantes transformaciones normativas y jurisprudenciales. Se estudia la distribución de la carga probatoria entre empleador y trabajador, resaltando cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha influido en garantizar el acceso efectivo a la justicia laboral. En particular, se examina la adaptación del principio de presunción de inocencia al ámbito laboral, reformulando su aplicación para equilibrar las asimetrías procesales y asegurar que el empleador justifique la legalidad de sus actos. Asimismo, se analiza la subrogación probatoria como una herramienta que desplaza la carga de la prueba hacia quien tiene mayor acceso a la información, generalmente el empleador, promoviendo un modelo de justicia laboral más equitativo. Esta figura adquiere especial relevancia cuando las pruebas necesarias para sustentar un reclamo están bajo control exclusivo del empleador, liberando al trabajador de una carga procesal injusta. Finalmente, el artículo evalúa la eficacia constitucional de estos mecanismos, concluyendo que su implementación fortalece la protección de los derechos fundamentales, evita que las desigualdades estructurales afecten el debido proceso y contribuye a consolidar un sistema judicial laboral más justo, accesible y respetuoso de la justicia social.